El presidente electo chileno José Antonio Kast endurece su discurso contra migrantes irregulares, responsabiliza a Bolivia y Perú por rutas de ingreso y sugiere cerrar comercio portuario si no aceptan expulsados.El nuevo escenario político en Chile, con José Antonio Kast próximo a asumir la presidencia, está tensionando la relación con países vecinos como Bolivia y Perú por la política migratoria. Kast ha puesto el foco en la migración irregular, señalando que una gran parte de los ingresos no autorizados al país transita por fronteras porosas que unen a Chile con Bolivia y Perú, y ha vinculado la gestión de este fenómeno con posibles consecuencias para la cooperación bilateral.Durante su campaña, Kast difundió un mensaje en video desde la frontera norte en el que dio un ultimátum a los migrantes indocumentados: tienen un plazo limitado para abandonar Chile “voluntariamente” o serán detenidos y expulsados “con lo puesto”. En ese sentido, instó a quienes ingresaron por pasos no habilitados a regresar por los mismos países desde los cuales entraron. El tono de sus declaraciones ha generado inquietud en gobiernos limítrofes. La respuesta de Perú fue declarar el estado de emergencia en varias provincias que colindan con Chile, ante el temor de una oleada de migrantes que buscan salir del territorio chileno antes de que Kast asuma funciones en marzo de 2026. El gobierno peruano reforzó el control con militares y policías, buscando evitar un aumento descontrolado de personas que intentan cruzar por la frontera de Tacna. Aunque aún no existe una declaración formal de Bolivia en respuesta directa a Kast, el candidato chileno ha sugerido en conversaciones privadas y con allegados políticos que la cooperación de países como Bolivia será clave para poder gestionar las expulsiones masivas. En círculos diplomáticos se ha interpretado esta postura como una presión implícita: si Bolivia no acepta el retorno de ciudadanos expulsados por ingreso irregular, Chile podría considerar medidas que afecten el flujo comercial portuario entre ambos países. Este tipo de advertencias ha encendido alarmas en La Paz, donde se analiza la posibilidad de que la política migratoria impacte más allá del tema fronterizo. Expertos en relaciones internacionales señalan que la retórica de Kast, al vincular la migración con la seguridad nacional y amenazar con medidas económicas contra países vecinos, constituye un enfoque poco diplomático que puede deteriorar alianzas tradicionales en la región andina. Según estos analistas, plantear el cierre de comercio portuario con Bolivia podría vulnerar acuerdos comerciales existentes y traer repercusiones económicas tanto para Chile como para Bolivia, especialmente en sectores que dependen de exportaciones e importaciones entre ambos países. Organismos defensores de derechos humanos han criticado el enfoque, señalando que castigar a países vecinos por la migración irregular es un método que no respeta los compromisos internacionales en materia de protección de refugiados y migrantes. Además, advierten que una política basada en expulsiones masivas sin acuerdos previos con los Estados limítrofes puede derivar en crisis humanitarias en los puntos fronterizos. En Perú, la tensión se ha materializado con el despliegue de fuerzas en la frontera sur y la negativa de permitir más ingresos no autorizados, pese a las solicitudes de quienes huyen de posibles expulsiones en Chile. La militarización de la franja limítrofe refleja la preocupación por la estabilidad social y pública ante una posible avalancha de personas desplazadas por decisiones administrativas desde Santiago.
