La nueva autoridad fue posesionada por el presidente Arce tras la salida de César Siles, en un contexto de tensiones institucionales y denuncias de prevaricato.
En un momento de alta conflictividad dentro del sistema judicial boliviano, el presidente Luis Arce tomó juramento a Jessica Paola Saravia como nueva ministra de Justicia y Transparencia Institucional, reemplazando a César Siles, quien presentó su renuncia en medio de un escándalo por presunta injerencia judicial.
Durante el acto oficial, Arce destacó la importancia de mantener la estabilidad y la continuidad institucional dentro del ámbito judicial. Sin aludir directamente al conflicto que provocó la dimisión de Siles, el mandatario subrayó que “la responsabilidad del Gobierno es garantizar el funcionamiento de nuestras instituciones y que el Ministerio de Justicia siga cumpliendo su labor”. Saravia, quien ya se desempeñó como viceministra, asume la dirección de una de las carteras clave en un año electoral particularmente tenso.
Arce elogió la experiencia de Saravia, asegurando que su gestión estará guiada por la legalidad y la cooperación institucional. “Su conocimiento, profesionalismo y compromiso con el país serán vitales para enfrentar los retos que tenemos por delante, sobre todo en un momento en el que la justicia necesita confianza y firmeza”, afirmó.
La flamante ministra asume el cargo en un contexto de fuerte cuestionamiento al Órgano Judicial, luego de que se revelara un fallo emitido por el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, que ordenaba la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, para habilitar a su suplente Iván Campero. Este hecho fue calificado por el Consejo de la Magistratura como un caso grave de prevaricato, lo que desató un conflicto institucional que sigue escalando.
Según el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, si se permite este tipo de fallos judiciales, se pone en riesgo la estabilidad de todas las autoridades electas, generando un peligro para la seguridad jurídica del país. Lea Plaza fue aprehendido y se encuentra con detención preventiva, mientras se revisan otros fallos emitidos por él.
Por su parte, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, denunció un intento de “intervención política” contra su institución. Indicó que existe un plan para reemplazar a magistrados titulares por suplentes con fines electorales. Saucedo incluso pidió que se investigue a César Siles, debido a un audio filtrado en redes sociales que lo vincularía con presuntas instrucciones hacia autoridades judiciales.
Siles, sin embargo, rechazó las acusaciones, calificando el audio de manipulado y sin contexto legal. Aseguró que se trata de una campaña para dañar su imagen y afirmó que enfrentará cualquier proceso judicial si fuera convocado.
El escándalo ha dejado al Ministerio de Justicia en el ojo de la tormenta, justo cuando el país se encamina a un proceso electoral previsto para agosto. La credibilidad del sistema judicial se ve amenazada, y la elección de Saravia es vista como un movimiento para contener la crisis.
Perfil de Jessica Saravia
La nueva ministra es abogada de profesión y tiene una amplia trayectoria en el sector público. Ha sido directora de la Autoridad de Fiscalización del Juego durante dos gestiones (2016-2019 y 2020-2023), además de viceministra de Lucha Contra la Corrupción entre 2012 y 2016. También ha trabajado como abogada penalista, consultora y docente universitaria. Su formación incluye especializaciones en auditoría jurídica, sistemas de gestión de calidad y normas antisoborno.
El reto que enfrenta ahora es complejo: reconstruir la confianza en una cartera que está en el centro de los ataques y cuyas decisiones podrían incidir en el desarrollo y la legitimidad del proceso electoral.
Desde el Consejo de la Magistratura y el TSJ se ha advertido que no se permitirá la impunidad en este caso, y que cualquier acto que atente contra el orden constitucional será denunciado. Las investigaciones están en curso y la Fiscalía tiene la responsabilidad de establecer si hubo una operación articulada para alterar la composición del máximo tribunal del país.