El Decreto 5516 sustituye al 5503, mantiene precios de combustibles, incrementa beneficios sociales y regula créditos, tras acuerdo con la COB, aunque la elaboración fue únicamente por el Ejecutivo.
El Gobierno publicó el lunes por la noche el Decreto Supremo 5516, que deja sin efecto el Decreto 5503 y establece nuevas medidas económicas, sociales y crediticias para el país. La norma incluye 33 artículos y cinco disposiciones transitorias, con objetivos centrados en regular precios de combustibles, definir beneficios sociales y organizar procedimientos de diferimiento de créditos.
El Decreto 5516 se emite tras el acuerdo alcanzado el domingo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Ejecutivo, luego de días de movilizaciones que reclamaban la abrogación del 5503. Sin embargo, la COB aclaró que la redacción de la norma fue realizada únicamente por el Gobierno, incumpliendo la parte del acuerdo que indicaba la participación conjunta de una comisión de sectores movilizados en la elaboración del documento.
El decreto mantiene los precios de los combustibles establecidos en la norma anterior: la gasolina común a Bs 6,69 por litro, diésel a Bs 9,80, gasolina Premium a Bs 11, kerosene a Bs 5,54, gas oil a Bs 5,69, gasolina de aviación a Bs 10,57, jet fuel a Bs 10,74 y gas licuado de petróleo (GLP) a Bs 2,25 por kilogramo. Se aclara que los ajustes no afectan el gas licuado destinado al consumo interno.
En el ámbito social, la norma conserva incrementos ya vigentes como el Bono Juancito Pinto a Bs 300 y la Renta Dignidad a Bs 500 para quienes no cuentan con aportes contributivos. Además, incorpora el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que consiste en transferencias monetarias extraordinarias dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad, detallando los beneficiarios y la modalidad de entrega de estos recursos.
La norma también regula créditos y condiciones laborales. Establece diferimiento automático de créditos conforme a la Ley 1670, suspensión temporal de embargos sobre viviendas de interés social y unidades micro y pequeñas, congelamiento de salarios en el sector público, incremento del salario mínimo nacional de Bs 2.750 a Bs 3.300 y garantiza la libre negociación salarial entre empleadores y trabajadores, tanto de manera individual como colectiva.