Tras derogar el decreto cuestionado, el Ejecutivo impulsa normas extraordinarias para asegurar combustibles, estabilizar la economía y garantizar servicios básicos durante un año en todo el país frente a la escasez
El Gobierno nacional reafirmó su determinación de continuar gestionando la crisis energética mediante decretos supremos, tras promulgar el Decreto Supremo 5517, publicado oficialmente en la Gaceta Oficial del Estado. La norma fue firmada por el presidente Rodrigo Paz Pereira y su gabinete, según confirmaron fuentes del Ministerio de la Presidencia.
La disposición surge luego de la abrogación del Decreto Supremo 5503, que había generado observaciones por parte de juristas, sectores sociales y legisladores. El Ministerio de Justicia informó en un comunicado que la anterior normativa fue retirada para “evitar interpretaciones contrarias a la Constitución” y dar paso a un nuevo marco legal ajustado a derecho.
El DS 5517 declara “Emergencia Energética y Social” en todo el territorio nacional por el periodo de un año. De acuerdo con el documento oficial, el objetivo es garantizar el suministro continuo de combustibles, mantener la operatividad del sistema energético y reactivar la producción en distintos sectores económicos, afectados por la escasez de dólares y el incremento de costos de importación.
Durante una conferencia en Casa Grande del Pueblo, el ministro de Hidrocarburos y Energías explicó que la medida se basa en reportes técnicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). “Las cifras muestran retrasos en el ingreso regular de diésel y gasolina. Teníamos que actuar con rapidez”, señaló la autoridad, respaldando su afirmación con datos institucionales.
Una de las disposiciones centrales autoriza a personas naturales y jurídicas privadas a importar, vender y comercializar derivados del petróleo a precio de importación o pre-terminal. Para ello, deberán contar con infraestructura de almacenamiento propia o alquilada y respetar el principio de acceso libre y no discriminatorio a la infraestructura del sector, tal como establece el artículo correspondiente del decreto.
Otra medida relevante es la suspensión temporal del diésel como sustancia controlada. El Viceministerio de Defensa Social confirmó que, por un año, se elimina la exigencia de autorización previa ante la Dirección General de Sustancias Controladas. El propósito es facilitar el ingreso del combustible para transporte público, producción agrícola, agroindustria y otros sectores estratégicos.
Asimismo, la Aduana Nacional informó que se retiró de manera provisional la subpartida arancelaria del diésel, lo que permitirá una importación más ágil. Esta institución, junto a la ANH y otros entes competentes, tiene cinco días hábiles para adecuar sus procedimientos internos, conforme instruye la norma publicada.
En paralelo, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías deberá reglamentar en un plazo máximo de quince días hábiles el acceso no discriminatorio a la infraestructura energética. Fuentes oficiales indicaron que el reglamento será socializado con transportistas, productores y representantes del sector privado, con el fin de garantizar transparencia y control social.
Desde el Ejecutivo, el presidente Paz Pereira sostuvo que gobernar mediante decretos es un mecanismo constitucional válido en contextos excepcionales. “Nuestra prioridad es dar certidumbre a la población y proteger la estabilidad del país”, afirmó durante un acto público transmitido por medios estatales.