El Ejecutivo confirma que la mejora para los adultos mayores está garantizada, pero todavía mantiene en reserva el monto específico pese a la presión creciente del sector jubilado.

La presión ejercida por los jubilados obligó al Gobierno a tomar una posición clara y pública sobre el futuro de la Renta Dignidad. Después de advertencias de movilización y reclamos por la falta de precisión, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aseguró este martes que el incremento comprometido en campaña será cumplido y tiene respaldo financiero. Sin embargo, el monto exacto que recibirán los beneficiarios aún no fue revelado, lo que mantiene la expectativa y la tensión en el sector.

El ministro José Gabriel Espinoza afirmó que el aumento forma parte de un programa económico previamente diseñado y que fue presentado como una promesa firme a los ciudadanos que dependen de este beneficio para afrontar un costo de vida cada vez más elevado. Al recordar la campaña electoral, sostuvo que la propuesta fue elaborada con estudios serios y una estructura presupuestaria viable. “Está dentro de los planes y lo vamos a cumplir”, expresó la autoridad, dejando claro que la decisión política ya está tomada.

El compromiso original fue asumido por el binomio Rodrigo Paz y Edman Lara, entonces candidatos del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Lara, ahora vicepresidente electo, fue quien encabezó las promesas relacionadas con la Renta Dignidad, asegurando que el beneficio llegaría progresivamente hasta los 2.000 bolivianos. Su propuesta contemplaba iniciar el ajuste con un incremento a 500 bolivianos, desde los actuales 350, e ir aumentando el monto año tras año. “No mentimos. La Renta Dignidad que hemos prometido se va a cumplir para todos los adultos mayores”, había dicho Lara en un acto político en Colquiri, durante la contienda electoral.

El Gobierno trajo nuevamente este tema a la agenda pública al presentar las primeras medidas para recuperar la institucionalidad y estabilizar la economía. En ese marco, Espinoza explicó que se solicitó al Congreso la devolución de la Ley del Presupuesto con el fin de ajustar los recursos destinados a iniciativas sociales, entre ellas el incremento de la Renta Dignidad. Para el Ejecutivo, esta es una muestra de que la propuesta no se limitará al discurso, sino que cuenta con una planificación fiscal en revisión activa.

Pese a ello, la Confederación de Jubilados de Bolivia se muestra impaciente. Su dirigencia recuerda que enero fue fijado como el mes en que debería aplicarse el primer incremento. Rodolfo Ayala, su representante nacional, sostuvo que no aceptarán nuevas postergaciones. “Tendría que subir a 500 bolivianos a partir de enero. Ellos mismos dijeron que al finalizar la gestión se llegará a los 2.000”, remarcó el dirigente, enfatizando que están cansados de promesas que se dilatan.

En los últimos días, el malestar se intensificó debido al silencio oficial sobre la cifra definitiva. Los adultos mayores consideran que la omisión del monto concreto puede abrir la puerta a recortes o cambios que perjudiquen sus intereses. Además, recuerdan que han sido históricamente uno de los sectores más vulnerables ante la inflación y los ajustes económicos.

Espinoza cerró su declaración indicando que la definición final del incremento será comunicada oficialmente cuando todos los elementos financieros estén listos y aprobados en el Legislativo. El Gobierno pretende evitar anuncios improvisados que luego puedan ser cuestionados por falta de respaldo presupuestario. Esa postura, sin embargo, no despeja del todo la incertidumbre de quienes dependen de cada boliviano que ingresa a su bolsillo.