El Decreto Supremo 5503 elevó combustibles, encareció transporte urbano e interdepartamental, activó paros y anuncios de bloqueos, y provocó rechazo sindical, minero, gremial y campesino con impacto inmediato nacional amplio.
La entrada en vigencia del Decreto Supremo 5503, firmado por el presidente Rodrigo Paz, generó una reacción social extendida en todo el país. La molestia se expresó de forma mayoritaria y transversal, mientras el respaldo público a la medida fue limitado. El primer efecto concreto se registró en el transporte, con incrementos inmediatos en tarifas municipales, interprovinciales e interdepartamentales, situación confirmada por federaciones sindicales y autoridades locales.
En la ciudad de La Paz, la Federación Departamental de Choferes anunció un paro de 24 horas desde las 00:00 de este viernes. La determinación fue comunicada oficialmente por su secretario ejecutivo, Edson Valdez, en conferencia de prensa, donde señaló que la exigencia central es la abrogación del decreto. La dirigencia advirtió que, de no existir una respuesta del Ejecutivo, la medida se ampliará desde el lunes a un paro indefinido, conforme a la decisión asumida por las bases.
El efecto del incremento de combustibles también se reflejó en otras regiones. Federaciones de transporte de Santa Cruz, Cochabamba y Oruro informaron su predisposición a coordinar acciones conjuntas, incluyendo bloqueos y suspensión de servicios. Dirigentes regionales indicaron que el aumento del precio del combustible fue trasladado de manera directa a las tarifas y fletes, afectando tanto a usuarios como a operadores del servicio.
Desde el sector minero, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) difundió un pronunciamiento público en rechazo al decreto. En el documento, la organización advirtió que el alza de combustibles incrementa los costos de producción y afecta de manera directa a los trabajadores. La FSTMB anunció movilizaciones escalonadas y dejó abierta la posibilidad de medidas de alcance nacional, según la evaluación de sus instancias orgánicas.
Los gremiales también expresaron su desacuerdo. Representantes del comercio minorista y mayorista anunciaron bloqueos intermitentes y la ampliación de protestas, señalando que el encarecimiento del combustible incrementa los costos de transporte, almacenamiento y distribución. Dirigentes del sector afirmaron públicamente que la situación compromete la estabilidad económica de pequeños comerciantes y trabajadores por cuenta propia.
El transporte pesado e interdepartamental evaluó un cese de actividades y bloqueos en rutas troncales del país. Sus dirigentes demandaron garantías de abastecimiento de diésel y medidas que compensen el incremento de costos operativos. En áreas rurales, organizaciones campesinas y productivas anticiparon movilizaciones locales ante el encarecimiento del traslado de insumos y productos agrícolas hacia los centros urbanos.
Autoridades originarias de ayllus de Potosí y Oruro sostuvieron reuniones con el vicepresidente Edmand Lara, quien expresó de manera pública su rechazo a las medidas adoptadas por el Ejecutivo. Paralelamente, la Central Obrera Boliviana convocó a un ampliado de emergencia con la participación de sus organizaciones afiliadas para definir acciones frente al denominado “gasolinazo nacional”. Su secretario ejecutivo, Mario Argollo, declaró que la medida afecta de forma directa a los trabajadores y a los sectores con menores ingresos.
En contraste, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia manifestó respaldo al levantamiento de la subvención a los combustibles como parte de un proceso de ordenamiento económico. A su vez, la Cámara Agropecuaria del Oriente solicitó políticas complementarias para mitigar el impacto en los costos productivos y asegurar el abastecimiento regular de diésel. El Gobierno reiteró su disposición al diálogo, aunque confirmó que el Decreto Supremo 5503 se mantiene vigente.