La Gobernación de Pando informó que el encuentro terminó con compromisos para revisar la distribución tributaria, las obligaciones departamentales, las deudas y el control regional de recursos.
La gobernadora de Pando, Gabriela de Paiva Padilla, presentó el informe de la reunión del 50/50 desarrollada en Sucre y destacó la firma de un acuerdo entre el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores, documento que reúne 11 puntos destinados a iniciar una revisión de la distribución de recursos y de las competencias que actualmente ejercen las administraciones departamentales.
Según la autoridad, el resultado de la reunión permitirá trasladar la discusión desde las propuestas generales hacia mesas técnicas en las regiones. En estas instancias deberán definirse los mecanismos para modificar los criterios de distribución fiscal, atender las obligaciones financieras de las gobernaciones y establecer nuevas condiciones para la administración de los recursos públicos.
De Paiva remarcó que el trabajo realizado antes del encuentro permitió a Pando llegar con propuestas concretas. El equipo técnico de la Gobernación, explicó, dedicó más de 10 horas a preparar los planteamientos que posteriormente fueron incorporados a la discusión conjunta de los departamentos.
UNA AGENDA QUE SUPERA LA DISCUSIÓN SOBRE EL 50/50
El acuerdo alcanzado en Sucre no se limita a establecer una nueva proporción de distribución de recursos. La agenda incluye autonomía tributaria, esfuerzo fiscal, fortalecimiento de los ingresos propios, autonomía de gestión presupuestaria y revisión de los criterios de distribución de los ingresos fiscales.
También incorpora alianzas público-privadas, financiamiento externo, fondos de compensación, desconcentración de instituciones y medidas para aliviar las deudas acumuladas por las gobernaciones.
De Paiva explicó que la discusión tributaria debe comenzar por revisar cómo están definidos actualmente los impuestos y qué nivel del Estado administra cada uno.
“Ya no se trata solo de un impuesto”, afirmó la gobernadora, al señalar que cada departamento tiene características económicas diferentes y que esa realidad debe ser considerada en una eventual modificación del sistema de distribución.
La propuesta del 50/50 plantea que una parte mayor de los recursos permanezca en las regiones, pero De Paiva aclaró que el cambio será progresivo y requerirá trabajo técnico y modificaciones que correspondan al ámbito legal y presupuestario.
PANDO PLANTEA UNA APLICACIÓN GRADUAL DESDE 2027
Uno de los plazos señalados por la gobernadora está relacionado con la próxima gestión presupuestaria.
De Paiva explicó que las mesas técnicas deberán avanzar durante los siguientes meses para que las modificaciones que resulten del acuerdo puedan ser consideradas dentro del Presupuesto General del Estado de 2027.
La autoridad descartó que el reparto 50/50 pueda establecerse de manera inmediata y señaló que la propuesta debe construirse gradualmente, tomando en cuenta las características económicas y las necesidades de cada departamento.
“Entendemos que no va a ser un 50-50 de la noche a la mañana”, sostuvo.
La Gobernación considera que el proceso debe comenzar con medidas concretas que permitan mejorar los ingresos departamentales y reducir las obligaciones que actualmente absorben parte de sus presupuestos.
REVISIÓN DE GASTOS ASIGNADOS A LAS GOBERNACIONES
Durante su informe, De Paiva también explicó que el acuerdo contempla revisar las competencias que ejercen los gobiernos departamentales y los gastos que deben asumir por decisiones adoptadas desde el nivel nacional.
Como ejemplos mencionó el prediario, los títulos de bachiller y el bono de vacunación.
La propuesta de las gobernaciones es revisar esas responsabilidades para determinar si deben permanecer bajo administración departamental o pasar al nivel nacional, junto con los recursos correspondientes.
La Gobernación de Pando también plantea ampliar su capacidad para decidir sobre la ejecución presupuestaria y determinados proyectos.
De Paiva señaló que existen inversiones diseñadas desde el Gobierno central que no respondieron a las necesidades productivas del departamento. Entre ellas mencionó plantas vinculadas con café, chila y arroz que, según su evaluación, no consiguieron generar el impacto económico y laboral esperado.
La propuesta regional busca que los gobiernos departamentales tengan mayor participación en la definición de las inversiones y puedan orientar los recursos hacia actividades con posibilidades reales de producción y empleo.
MINERÍA ENTRA EN LA AGENDA DE DESCENTRALIZACIÓN
El sector minero también fue incluido entre las demandas presentadas por Pando.
De Paiva explicó que la Gobernación planteó, junto con Oruro y Potosí, la desconcentración de instituciones nacionales vinculadas con esta actividad.
Entre las entidades mencionadas están el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales y el Servicio Geológico Minero.
La propuesta pretende mejorar la fiscalización de las operaciones mineras desde los propios departamentos y permitir una mayor participación regional en el control de una actividad que genera ingresos dentro de sus territorios.
En el caso de Pando, la gobernadora relacionó esta demanda con la necesidad de evitar que los beneficios económicos de la minería terminen favoreciendo a otras regiones.
MINISTERIO DE ECONOMÍA REVISARÁ LAS OBLIGACIONES DE PANDO
El tratamiento de la deuda de las gobernaciones quedó incorporado entre los asuntos que deberán ser revisados después de la reunión.
De Paiva informó que el Ministerio de Economía se comprometió a visitar Pando para instalar una mesa técnica y analizar la situación financiera de la Gobernación.
“Pando es el primero, el que va a recibir la primera visita del Ministerio de Economía”, afirmó.
La visita permitirá revisar las obligaciones pendientes y las alternativas de alivio financiero planteadas durante la reunión nacional.
FONDOS DE COMPENSACIÓN Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
Pando también consiguió incorporar la creación de fondos de compensación como uno de los puntos del acuerdo.
De acuerdo con la explicación de la gobernadora, estos fondos deberán ser trabajados en las regiones para establecer mecanismos que permitan compensar diferencias en la capacidad económica y fiscal de los departamentos.
A esto se suma la propuesta de facilitar alianzas público-privadas y revisar las condiciones para acceder a financiamiento externo.
De Paiva mencionó además la modificación de la Ley 699 como parte de esta agenda, debido a las restricciones existentes para que las regiones puedan gestionar mecanismos de cooperación y financiamiento internacional.
Con la reunión del 50/50 concluida, la siguiente fase será la instalación de las mesas técnicas. Allí deberán definirse los cambios necesarios para llevar los 11 acuerdos a propuestas concretas, con especial atención en la redistribución fiscal, las competencias departamentales, el alivio de las deudas y la planificación presupuestaria de 2027.
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