El Ministerio de Justicia presentó una denuncia penal por instigación, atentado contra servicios públicos y presuntos delitos electorales
El Ministerio Público de La Paz admitió este lunes una denuncia formal contra el expresidente Evo Morales Ayma y la dirigente Suset Rodríguez, por su presunta responsabilidad en una serie de hechos que, según el Gobierno, pusieron en riesgo la seguridad pública y atentaron contra el proceso electoral en curso.
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Justicia y refiere que ambos habrían instigado bloqueos de caminos y otras acciones de presión para forzar la habilitación de la candidatura de Morales, pese a que fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras el cierre del plazo de inscripción de postulantes el pasado 19 de mayo.
La Fiscalía informó oficialmente que se ha iniciado una investigación preliminar contra Morales, Rodríguez y otras personas no identificadas, que podrían ser considerados autores, coautores, cómplices o encubridores. En el documento fiscal se detalla que los hechos se califican de manera provisional como atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra los servicios públicos, instigación pública a delinquir y delitos electorales.
El oficio fue emitido la tarde del lunes y establece que la investigación se enmarca dentro del Código de Procedimiento Penal, además de estar sujeta a control jurisdiccional por parte del juzgado correspondiente. La medida se respalda también en sentencias previas del Tribunal Constitucional Plurinacional, que obligan al Ministerio Público a iniciar investigación en casos de interés público.
El Gobierno responsabiliza a Morales por presión social
El ministro de Justicia, César Siles, fue quien confirmó la presentación de la denuncia. “Hemos denunciado a Evo Morales, Suset Rodríguez y a quienes resulten responsables, por ocho delitos de acción pública. Estos hechos afectaron gravemente la libre circulación, los servicios públicos y el desarrollo del proceso electoral”, manifestó en una declaración oficial.
Según la denuncia, Morales y Rodríguez habrían coordinado las medidas de presión implementadas por sectores afines al evismo, que incluyeron bloqueos de carreteras en distintas regiones del país, con mensajes dirigidos al TSE exigiendo la habilitación del exmandatario.
Las protestas ocurrieron tras conocerse que Morales no podía participar como candidato presidencial al no contar con una sigla legalmente reconocida. Desde el Pacto de Unidad afín a Morales se impulsaron marchas y cercos a oficinas del Órgano Electoral, lo que fue interpretado por el Ejecutivo como una maniobra para alterar las reglas del proceso en curso.