El Gobierno entregó el estudio y anunció gestiones con Corea, pero los 230 millones aún dependen de aprobación financiera, trámite legislativo y formalización del crédito para iniciar las obras previstas.
El puente sobre el río Mamoré que conectará San Ignacio de Moxos con Trinidad todavía no tiene asegurados los 230 millones de dólares anunciados por el presidente Rodrigo Paz. El Gobierno presentó el diseño actualizado y anticipó que Corea del Sur podría aprobar el crédito entre enero y febrero de 2027, pero esa decisión aún debe producirse y la operación tendrá que pasar por la Asamblea Legislativa boliviana.
El anuncio fue realizado el 19 de noviembre, durante los actos por el aniversario del Beni. Paz entregó al gobernador Tito Egüez un documento que calificó como proyecto definitivo y detalló sus componentes: un puente principal de 1.185 metros, otro de 540 metros, accesos viales de 13,5 kilómetros y una inversión estimada en 230 millones de dólares. Según el mandatario, una delegación surcoreana llegará a Bolivia el 8 de diciembre y el crédito podría ser aprobado en Corea durante los primeros meses de 2027.
UN PROYECTO QUE COMENZÓ EN 2013
La iniciativa no nació con la actual administración. Sus antecedentes se remontan al 19 de junio de 2013, cuando la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) contrató a la Sociedad Accidental Euroestudios-CPS Belmonte para elaborar los estudios de identificación y diseño integral, técnico, económico, social y ambiental del puente y sus accesos. El contrato alcanzó Bs 13,3 millones y estableció un plazo de doce meses.
La propuesta contemplaba una estructura de aproximadamente un kilómetro, con dos carriles y un ancho de 12,1 metros. La finalidad era resolver una dificultad en la carretera Trinidad-San Ignacio de Moxos: el río Mamoré interrumpe la conexión terrestre y obliga a trasladar vehículos y pasajeros en barcazas. La infraestructura también beneficiaría a las rutas que vinculan a San Borja, Yucumo y el norte de La Paz.
LA OFERTA COREANA LLEGÓ DURANTE EL GOBIERNO DE ARCE
El 20 de diciembre de 2024, durante la administración de Luis Arce, Bolivia suscribió con Corea del Sur un acuerdo que habilitaba el acceso a créditos de hasta 1.000 millones de dólares del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico (EDCF). El documento fue firmado por el entonces ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y el embajador surcoreano Lee Jang. La línea estaba destinada a distintos proyectos de infraestructura, salud, agua potable, saneamiento, energía y la construcción del puente sobre el río Mamoré que uniría la capital del Beni con San Ignacio de Moxos.
Ese monto no correspondía exclusivamente al puente Mamoré ni constituía un préstamo aprobado para construirlo. Era un marco general de cooperación para gestionar recursos destinados a diferentes iniciativas. Por eso, la firma del acuerdo no significó que los 230 millones anunciados ahora estuvieran asignados o disponibles.
En diciembre de 2024 también se anunció la actualización del diseño. La ABC y el Ministerio de Obras Públicas informaron que la consultora surcoreana Kunhwa Engineering & Consulting desarrollaría el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, con financiamiento de Eximbank Korea. Los trabajos comenzaron en enero de 2025. La consultora debía revisar las condiciones técnicas, hidráulicas, geológicas y económicas, actualizar los costos y establecer las características de la infraestructura.
Este antecedente permite precisar el origen del documento que Paz entregó a Tito Egüez. El estudio no surgió de una contratación nueva de la actual administración: el proceso de actualización fue iniciado durante el gobierno de Arce y ejecutado con cooperación técnica surcoreana. La gestión de Paz recibió ese trabajo y lo presentó como diseño final del proyecto.
La actualización contempla un puente principal de 1.185 metros, una segunda estructura de 540 metros en el sector de Puerto Varador y 13,5 kilómetros de accesos. El costo calculado asciende a 230 millones de dólares, por encima de los aproximadamente 130 millones manejados en estimaciones anteriores. La diferencia responde a la revisión de los componentes, las características y los costos de la obra.
LA LEY 1726 PRIORIZA LA GESTIÓN, NO APRUEBA EL PRÉSTAMO
Paz promulgó el 7 de mayo de 2026 la Ley 1726, sancionada por la Asamblea el 22 de abril. La norma declara de interés público y prioridad nacional la gestión del financiamiento para construir el puente y sus accesos, en el tramo ubicado al oeste de Trinidad, entre las provincias Moxos y Cercado.
La ley encomienda al Ministerio de Obras Públicas y a la ABC coordinar con las entidades territoriales autónomas del Beni las gestiones para conseguir recursos. Su alcance debe leerse con precisión: declara prioritaria la búsqueda de financiamiento, pero no aprueba un crédito de 230 millones de dólares, no dispone un desembolso de Corea del Sur ni reemplaza la autorización legislativa que requiere una operación de endeudamiento.
EL FINANCIAMIENTO Y LA APROBACIÓN LEGISLATIVA SIGUEN PENDIENTES
En su intervención del 19 de noviembre, Paz señaló que Corea podría aprobar el financiamiento entre enero y febrero de 2027. También anunció que una delegación surcoreana llegará el 8 de diciembre para recibir formalmente el diseño y avanzar en el trámite. La aprobación financiera, por tanto, es una expectativa futura y no un hecho consumado.
Después de una eventual decisión de Corea, el crédito específico deberá ser tramitado y sometido a consideración de la Asamblea Legislativa boliviana. También tendrán que formalizarse las condiciones del préstamo y cumplirse los pasos administrativos para contratar la obra. Hasta el anuncio presidencial no se había acreditado públicamente que esos procedimientos estuvieran concluidos ni que existiera una fecha confirmada para iniciar los trabajos.
EL ANTECEDENTE DE COMUNIDAD CIUDADANA
La discusión también tiene una dimensión política. Durante el gobierno de Arce, Rodrigo Paz fue senador y formó parte de la bancada de Comunidad Ciudadana. Esa representación sostuvo que no debía aprobar nuevos créditos mientras el Ejecutivo no atendiera cuestionamientos sobre la administración de justicia, la transparencia y los nombramientos institucionales.
Ese antecedente permite entender las dificultades que enfrentaron distintas operaciones de endeudamiento en la Asamblea anterior. El acuerdo marco con Corea por hasta 1.000 millones y el eventual crédito individual para esta infraestructura son hoy instrumentos diferentes, pero dependerá de los legisladores que den luz verde o no al crédito surcoreano que requiere Beni.






