Más de 50 heridos, saqueos y temor dejaron los disturbios. La Policía desplegó un amplio operativo tras denuncias de inacción estatal.
Después de un martes marcado por la violencia y el caos en Llallagua, en el norte de Potosí, el Gobierno respondió con un masivo operativo policial que permitió este miércoles desbloquear vías y restablecer el orden en la región. Los enfrentamientos entre pobladores y grupos afines al expresidente Evo Morales dejaron decenas de heridos y serias denuncias de saqueos, uso de explosivos y abandono por parte del Estado.
La intervención fue confirmada por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, quien informó que efectivos policiales provenientes de Potosí, Oruro y La Paz fueron movilizados para despejar la carretera Huanuni-Llallagua y brindar seguridad a los habitantes. “Nuestro objetivo es garantizar el libre tránsito y devolver la tranquilidad a la población”, afirmó en una entrevista con el canal estatal Bolivia Tv.
El despliegue incluyó más de diez camionetas y al menos seis buses que trasladaron a los uniformados hasta la zona del conflicto. Aguilera detalló que, además de retirar los obstáculos físicos de las rutas, se trabajará para evitar que los puntos de bloqueo se reinstalen.
“Estamos levantando montículos de tierra y piedras colocados a lo largo del camino. Por ahora no hay presencia de personas en esos puntos, lo que ha facilitado nuestra intervención”, explicó la autoridad. Sin embargo, alertó que en sectores como El Golfo, kilómetro 60 y Aguas Calientes, aún se prevé la posibilidad de nuevos choques con grupos movilizados.
Durante la jornada del martes, Llallagua fue escenario de una verdadera batalla campal. Según los testimonios recogidos por medios locales, vecinos tuvieron que organizarse por su cuenta para hacer frente a los ataques. Se reportaron más de 50 heridos, cortes de servicios básicos y saqueos a viviendas y comercios, lo que desató el clamor por una intervención inmediata del Estado.
La Policía confirmó el uso de dinamita y otros explosivos por parte de los bloqueadores, lo que elevó el nivel de riesgo en el enfrentamiento. “Los hechos registrados el martes no pueden pasar desapercibidos. Se utilizó material altamente peligroso contra la población civil”, denunció Aguilera, quien también reveló que se identificó a dos personas como responsables directos de los disturbios: Raúl A. y Vidal M., ambos con antecedentes judiciales.
A pesar del operativo, al menos cinco puntos de bloqueo aún persisten en la carretera Jaime Mendoza, que une Potosí con Sucre y Oruro. La tensión no ha cedido completamente, ya que los sectores movilizados exigen atención a una serie de demandas políticas y sociales, en el contexto de la pugna interna del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El Gobierno ha insistido en que las medidas de presión son promovidas por grupos radicalizados del ala “evista”, quienes, según Aguilera, actúan con métodos violentos y fuera de la legalidad. La estrategia ahora es mantener presencia policial permanente en las zonas críticas, para evitar una nueva escalada.
Desde la región, pobladores y autoridades locales han pedido garantías para retomar la normalidad. “No queremos vivir más con miedo. Necesitamos seguridad, libre circulación y que los responsables sean procesados”, reclamó una dirigente vecinal en declaraciones a medios potosinos.