La llegada de Margot Ayala a la dirección de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) abrió un nuevo frente de debate público en torno a la continuidad de funcionarios que han permanecido en el aparato estatal a lo largo de distintos gobiernos. La propia autoridad reconoció haber desarrollado su carrera dentro del sector hidrocarburífero durante las administraciones de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce, un antecedente que hoy despierta cuestionamientos desde diversos espacios políticos y ciudadanos.
Ayala expuso que su trayectoria en el área energética se inició durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo y se extendió sin interrupciones durante el periodo transitorio y la actual gestión. Según explicó, su permanencia respondió a un contexto interno marcado por presiones jerárquicas y un ambiente que, a su juicio, desalentaba cualquier intento de denuncia sobre presuntas irregularidades en el sector.
Estas declaraciones se produjeron en el marco de la presentación de la Comisión de la Verdad sobre los hidrocarburos, instancia impulsada por el Gobierno para investigar la gestión del sector en los últimos 20 años. En ese escenario, la directora afirmó que desde sus primeros años como funcionaria fue testigo de prácticas que consideró irregulares, aunque sostuvo que el temor a represalias laborales limitó su capacidad de acción en el pasado.
Sin embargo, la explicación no logró contener la reacción en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas tanto de sectores afines al oficialismo como de voces opositoras. En ambos casos, el eje del cuestionamiento es similar: Ayala fue parte de las mismas estructuras hidrocarburíferas que hoy se propone investigar y dirigir. Para muchos usuarios, su continuidad a lo largo de tres gobiernos con orientaciones políticas distintas la convierte en un símbolo de una burocracia que sobrevive a los cambios de poder.
Analistas y comentaristas ciudadanos señalaron que la funcionaria tuvo oportunidades previas para exponer irregularidades, particularmente durante el gobierno transitorio de Áñez, cuando el contexto político era distinto al del MAS. La ausencia de denuncias públicas en ese periodo es utilizada como argumento para poner en duda la coherencia de su discurso actual.
En sus intervenciones públicas, Ayala también responsabilizó a gestiones anteriores por haber desaprovechado el ciclo de bonanza de los hidrocarburos, afirmando que años de altos ingresos no se tradujeron en inversiones sostenibles ni en fortalecimiento institucional. Estas afirmaciones fueron interpretadas por algunos sectores como un intento de marcar distancia de decisiones políticas, pese a haber sido parte técnica del engranaje estatal durante ese mismo proceso.
El rechazo expresado en plataformas digitales no se limita a cuestionamientos políticos. También refleja un cansancio social frente a la repetición de nombres y perfiles técnicos que atraviesan distintos gobiernos sin asumir responsabilidades claras por los resultados del sector. Comentarios que apelan a la “memoria institucional” y a la falta de renovación se repiten con fuerza en el debate virtual.