El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz acordó renunciar al juicio oral y aceptar una condena de tres años, cuya ejecución podría quedar suspendida por decisión judicial.

Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para someterse a un procedimiento abreviado y aceptar una condena de tres años de privación de libertad. Sin embargo, por los delitos que se le atribuyen, podría beneficiarse con la suspensión condicional de la pena y evitar su ingreso a un centro penitenciario, siempre que cumpla los requisitos establecidos por la legislación boliviana y obtenga la aprobación judicial.
El documento al que se tuvo acceso establece que Quezada, acompañado de su abogado defensor, renuncia expresamente a someterse a un juicio oral, público, continuado y contradictorio. A cambio, reconoce su responsabilidad penal en los hechos descritos en el acuerdo y acepta la pena de tres años de reclusión negociada con la Fiscalía.
El entendimiento se sustenta en el artículo 373 del Código de Procedimiento Penal, que regula el procedimiento abreviado. La causa está radicada en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal de la Capital, instancia que deberá convocar a una audiencia para considerar la solicitud y determinar si corresponde aprobar el acuerdo.
LA POSIBILIDAD DE EVITAR LA CÁRCEL
La eventual salida de Quezada se relaciona con el artículo 366 del mismo código. Esa disposición permite suspender el cumplimiento de una condena que no supere los tres años, siempre que el sentenciado no registre una condena anterior por delito doloso durante los últimos cinco años. La norma establece que el beneficio no procede en delitos de corrupción.
Los cargos mencionados en la investigación del caso Maletas SON TRÁFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y CONFABULACIÓN. La orden fiscal difundida públicamente los vincula con los artículos 48 y 53, en relación con el artículo 33 de la Ley 1008. Esas figuras no son delitos de corrupción. Por ello, la prohibición específica del artículo 366 no se aplicaría automáticamente a los delitos atribuidos al exjuez.
Sin embargo, eso no significa que Quezada quede libre automáticamente ni que el acuerdo con la Fiscalía garantice que no ingresará a una cárcel. La suspensión de la pena no se concede únicamente porque los cargos no sean de corrupción. El juez debe comprobar los requisitos legales, revisar los antecedentes y resolver la solicitud en audiencia. También debe verificar que la aceptación de responsabilidad y el procedimiento abreviado cumplan las exigencias procesales.
Si la autoridad judicial aprueba el procedimiento y dicta una sentencia de tres años, podrá analizar la suspensión condicional, siempre que Quezada reúna las condiciones legales.
Hasta el 12 de noviembre, se informó que Quezada había sido aprehendido el día anterior y permanecía en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, mientras se definía su situación jurídica. El acuerdo abre otro trámite, sujeto a la audiencia y a la resolución judicial. La pena pactada todavía no equivale a una sentencia ejecutoriada ni autoriza, por sí sola, su libertad.