El exvicepresidente habló desde México sobre su asilo, la investigación por el operativo de 2009, su distancia de Evo Morales y sus críticas a la gestión actual de Rodrigo Paz.
El exvicepresidente Álvaro García Linera explicó que su salida de Argentina y posterior traslado a México estuvieron relacionados con movimientos judiciales y políticos que, según afirmó, le hicieron temer una persecución en Bolivia. Desde su actual residencia en territorio mexicano, confirmó que cuenta con asilo político y residencia permanente, cuestionó el funcionamiento de la justicia boliviana y defendió la actuación del Gobierno de Evo Morales durante el operativo policial del Hotel Las Américas, ocurrido en abril de 2009.
En una entrevista con la red DTV, García Linera relató que había viajado a Argentina por compromisos académicos acordados con anterioridad. Tenía actividades en la Universidad de Rosario y en la Universidad de Mar del Plata, donde impartió clases y recibiría un doctorado honoris causa. Sin embargo, durante esa estadía recibió información sobre lo que describió como “movimientos políticos judiciales” y decidió abandonar el país.
Explicó que México restableció el asilo que le había concedido en 2019, después de la crisis política de ese año. Aunque manifestó que espera regresar a Bolivia cuando existan condiciones adecuadas, dijo que actualmente no confía en las garantías que podría ofrecerle el sistema judicial.
“LA JUSTICIA ESTÁ COLAPSADA”
García Linera sostuvo que la justicia boliviana atraviesa una situación de deterioro que, en su criterio, impide asegurar procesos imparciales. Afirmó que las decisiones judiciales están condicionadas por intereses políticos y económicos y que esa situación no afecta únicamente a antiguos funcionarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), sino que representa un problema para cualquier ciudadano.
“En Bolivia no hay justicia”, sostuvo al cuestionar la capacidad de los tribunales para actuar con independencia. Consideró que el país necesita una transformación institucional profunda y señaló que el problema no comenzó con los gobiernos del MAS, aunque reconoció que durante las administraciones de ese partido también existieron hechos de corrupción.
Al comparar los sistemas de designación de autoridades judiciales, recordó que antes de 2006 los nombramientos respondían principalmente a acuerdos entre partidos políticos. Posteriormente, durante los gobiernos del MAS, se incorporó la elección de autoridades mediante voto popular. Sin embargo, admitió que ese mecanismo no resolvió los problemas estructurales del sistema.
El exvicepresidente insistió en que no espera recibir un juicio justo mientras, a su juicio, continúen las condiciones actuales. Su permanencia en México, explicó, responde a esa desconfianza y no a una decisión de abandonar definitivamente la actividad política o intelectual vinculada con Bolivia.
HOTEL LAS AMÉRICAS: NIEGA INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN
Uno de los asuntos centrales de la entrevista fue el operativo policial del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, donde murieron Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer. En el procedimiento también fueron detenidos Elöd Tóásó y Mario Tadic.
García Linera defendió la intervención estatal y aseguró que el Gobierno de entonces enfrentaba una situación de violencia política que, según su versión, amenazaba la integridad territorial del país. Recordó los acontecimientos de 2008, entre ellos la toma de instituciones públicas, los ataques contra campesinos en Porvenir, la voladura de un gasoducto y las actividades de grupos que, afirmó, buscaban promover una ruptura del país.
Sostuvo que la llegada de ciudadanos extranjeros vinculados con actividades armadas representaba un riesgo y que el Ejecutivo había decidido intervenir para detenerlos y someterlos a la justicia.
Su principal argumento fue que nunca existió una orden presidencial para ejecutar a los integrantes del grupo. “El 2009 jamás se instruyó la muerte. La única instrucción que vino del presidente es que se los detenga y se los remita a la justicia”, afirmó. También insistió: “Nadie instruyó matar mercenarios, nadie”.
El exvicepresidente señaló que la operación terminó en un enfrentamiento y habló de fuego cruzado. Dijo lamentar las tres muertes y manifestó que está dispuesto a declarar ante una instancia judicial que considere imparcial. También mencionó los informes elaborados por una comisión parlamentaria y por organismos internacionales para respaldar su interpretación de los acontecimientos.
Sin embargo, la posición expresada por García Linera no agota las conclusiones de la investigación internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos atribuyó responsabilidad al Estado boliviano por violaciones de derechos humanos relacionadas con la muerte de Michael Dwyer y las detenciones y malos tratos denunciados por los sobrevivientes. El organismo también cuestionó la falta de una investigación adecuada. Por tanto, la versión del exvicepresidente sobre el fuego cruzado y la ausencia de una orden de ejecución debe entenderse como su defensa de lo ocurrido, no como una conclusión judicial definitiva.
DISTANCIA CON EVO MORALES Y CRÍTICA A ARCE
Durante la conversación también se refirió a las declaraciones de Evo Morales, quien lo calificó de cobarde por haber salido de Bolivia. García Linera evitó responder directamente y señaló: “No comento las opiniones de compañeros equivocados”.
Además, reveló que no mantiene comunicación con el expresidente desde hace tres o cuatro años. La distancia entre ambos se suma a las diferencias que surgieron dentro del MAS después de la crisis política de 2019 y durante la posterior administración de Luis Arce.
Sobre el gobierno de Arce, García Linera fue especialmente crítico. Consideró que elegirlo como candidato presidencial fue “la peor decisión” y lo calificó de “un desastre”, además de cuestionar su capacidad para conducir la economía y enfrentar los problemas internos del partido. También responsabilizó a la gestión y a los hechos de corrupción atribuidos a personas de su entorno por el deterioro político del MAS.
Al recordar los gobiernos de 2006 a 2019, defendió los resultados económicos y sociales de ese periodo. Afirmó que alrededor de tres millones de personas salieron de la pobreza, que se construyeron unas 5.000 escuelas y que el crecimiento económico promedio llegó al 5% anual durante trece años. También sostuvo que el producto interno bruto pasó de aproximadamente 9.000 millones a 45.000 millones de dólares. Esas cifras fueron presentadas por él como parte de su balance de gestión.
Pese a la crisis interna del movimiento, García Linera considera que la izquierda no agotó su ciclo político. Mencionó como tareas pendientes la industrialización, la reducción de la pobreza y la desigualdad, y una distribución más amplia de la riqueza. También planteó que los nuevos liderazgos deben surgir de organizaciones sociales, pueblos indígenas, sectores campesinos y barrios.
CUESTIONA AL GOBIERNO DE RODRIGO PAZ
El exvicepresidente ubicó al presidente Rodrigo Paz dentro de un bloque político conservador junto con Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. Para expresar su valoración de esas diferencias, sostuvo que pertenecen a un mismo sector político y que no existen grandes distancias entre sus propuestas.
Cuestionó especialmente las medidas económicas adoptadas por la administración de Paz, entre ellas la eliminación de la subvención a los combustibles y el acercamiento al Fondo Monetario Internacional. A su juicio, las decisiones gubernamentales trasladan los costos de la crisis a los sectores populares y favorecen a los grupos con mayores recursos.
Como ejemplo, comparó el precio del pan y el valor del dólar durante el final del gobierno anterior con los registrados en el periodo actual. Mencionó que el pan pasó de 50 centavos a un boliviano y que el dólar, según su referencia, llegó a cotizarse entre 12 y 13 bolivianos. Se trata de cifras expuestas por el entrevistado para cuestionar el impacto de las medidas económicas.
