La investigación por el ingreso irregular de equipaje extranjero avanza sin resultados definitivos, con versiones estatales que no coinciden en fechas clave y operativos que no lograron reconstruir todo el recorrido del cargamento.
El proceso judicial abierto por el ingreso al país de 32 maletas sin control aduanero atraviesa una fase de desgaste que se refleja en el ritmo de las actuaciones y en la escasez de datos concluyentes sobre el contenido total del equipaje. Las primeras intervenciones estuvieron marcadas por despliegue policial y anuncios firmes, pero con el paso de las semanas la causa perdió visibilidad y fuerza operativa.
Informes oficiales del Ministerio Público y reportes policiales confirman que las diligencias continúan activas, aunque no se logró ubicar todas las valijas ni reconstruir de forma completa su trayectoria desde el aeropuerto hasta los lugares donde parte del cargamento fue intervenido. Los allanamientos más recientes se ejecutaron en inmuebles vinculados a personas investigadas, principalmente en Santa Cruz, con participación de fiscales y unidades especializadas.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, declaró públicamente que la Policía Boliviana trabaja de manera coordinada con la comisión de fiscales asignada al caso. Precisó que cada actuación se desarrolla bajo control jurisdiccional y conforme a procedimiento, pero reconoció que los objetos buscados no han sido recuperados en su totalidad. La investigación se tramita por delitos relacionados con sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, según documentación fiscal.
Los antecedentes se remontan a fines de noviembre de 2025, cuando un vuelo chárter procedente de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto de Viru Viru. Registros institucionales establecen que 32 maletas pasaron sin revisión ni registro por los controles habituales. Posteriormente, parte del equipaje fue trasladado a una empresa de seguridad privada, donde, de acuerdo con informes de la Fiscalía, se encontraron 79 kilos de marihuana y una máquina utilizada para procesar droga.
Las actuaciones derivaron en detenciones preventivas dispuestas por la justicia. Entre los procesados figuran el juez Hebert Zeballos, propietario de la empresa donde se hallaron las sustancias, y la exdiputada Laura Rojas, señalada por su presunta participación en el traslado de las valijas. Las decisiones judiciales se sustentan en actas de allanamiento, pericias técnicas e informes policiales incorporados al cuaderno de investigaciones.
A la par de las medidas judiciales, se conocieron versiones oficiales con diferencias sobre la cronología del caso. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que su despacho recibió información durante la primera semana de diciembre y que se instruyeron tareas a unidades de inteligencia y lucha contra el narcotráfico. Señaló que se mantuvo reserva institucional para no afectar el trabajo investigativo.
