Dirigentes campesinos e indígenas anuncian medidas de presión a partir del 5 de enero, respaldando las protestas de la COB y rechazando el DS 5503 por afectar derechos fundamentales.
Las principales organizaciones campesinas del país, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), comunicaron oficialmente su adhesión a las movilizaciones contra el Decreto Supremo 5503, vigente desde el 17 de diciembre de 2025. Según los líderes, las acciones de protesta comenzarán el 5 de enero de 2026 y se mantendrán hasta que el decreto sea revocado.
Luciano Marca, dirigente de la CSUTCB, afirmó que la participación de los campesinos busca proteger a los sectores más vulnerables del país. “A partir de enero, el campo y la ciudad estarán nuevamente en las calles. No permitiremos que un decreto afecte a los hermanos más humildes”, indicó.
El Decreto Supremo 5503, además de eliminar la subvención de combustibles, incluye artículos que la Central Obrera Boliviana (COB) considera contrarios a la Constitución y perjudiciales para los intereses nacionales. Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, explicó que el decreto limita funciones de la Asamblea Legislativa, facilita la inversión extranjera en recursos estratégicos, como el litio, y autoriza altos niveles de endeudamiento.
Desde Conamaq, Víctor Apaza, Jiliri Apu Mallku, señaló que tras analizar los 121 artículos del decreto, ninguna de las medidas favorece al sector indígena campesino originario. “Esto nos obliga a salir a las calles y mantenernos hasta lograr su derogación”, aseguró tras un consejo entre los ayllus.
A pesar de la temporada de festividades, diferentes sectores sociales iniciaron acciones de protesta. El Magisterio Urbano y el Comité Nacional de Amas de Casa Mineras (Conacmin) comenzaron huelgas de hambre exigiendo la eliminación del decreto. Por su parte, los choferes asalariados anunciaron su apoyo a las movilizaciones de la COB y desconocieron el acuerdo firmado entre el Gobierno y la Confederación de Choferes de Bolivia el pasado domingo.