Tras suprimir la subvención a carburantes, el Gobierno activó mediante decreto un sistema de precios variables, con referencias técnicas y márgenes regulados, retomando una política utilizada antes de dos décadas.

La eliminación de la subvención estatal a los carburantes derivó en la reactivación de un régimen de precios para los derivados del petróleo que Bolivia no utilizaba desde hace 28 años. La disposición está contenida en el Decreto Supremo 5503, presentado por el Órgano Ejecutivo como parte de un nuevo ordenamiento del sector hidrocarburos.

La explicación oficial fue brindada por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, durante una conferencia pública en Santa Cruz. En esa instancia, la autoridad detalló que la norma incorpora anexos técnicos donde se establecen precios de referencia, márgenes de la cadena de comercialización y un nuevo esquema operativo entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las empresas productoras.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio, el esquema de precios fijos vigente en años anteriores se volvió inviable ante dos factores centrales: la disminución de los ingresos por exportación de gas natural y el aumento sostenido de la importación de diésel para abastecer el mercado interno. Ambos elementos fueron señalados como determinantes en la decisión adoptada.

Durante su exposición, Medinaceli recordó que Bolivia ya aplicó mecanismos similares tras la hiperinflación de la década de 1980, cuando los precios de los combustibles eran ajustados periódicamente como parte de políticas fiscales orientadas a sostener al Estado. Posteriormente, en 1997, se implementó un sistema que vinculaba los precios internos con referencias internacionales, lo que generó variaciones frecuentes.

Ese modelo fue suspendido en el año 2000, en un contexto de alta conflictividad social, mediante acuerdos entre el Gobierno, empresas petroleras y la refinería que entonces estaba bajo administración de Petrobras. Intentos posteriores de restablecer precios variables quedaron paralizados por la inestabilidad política de los primeros años del siglo XXI.