Los ataques armados y asesinatos registrados durante la administración de Rodrigo Paz elevaron la presión sobre el Ejecutivo, mientras las autoridades anuncian operativos y cooperación internacional contra organizaciones criminales.

El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta una creciente presión por la seguridad interna tras una sucesión de asesinatos, ataques armados y hechos atribuidos preliminarmente a estructuras del crimen organizado. La situación se agravó durante las últimas semanas, principalmente en Santa Cruz y las zonas fronterizas con Brasil, donde varios episodios violentos dejaron muertos y expusieron la capacidad de acción de grupos vinculados al narcotráfico.
Uno de los casos que marcó la actual etapa ocurrió en San Matías, donde cuatro personas fueron asesinadas en una propiedad rural. Al día siguiente, un teniente de la Policía fue emboscado mientras realizaba tareas de investigación relacionadas con el ataque. El uniformado murió y su cuerpo fue encontrado posteriormente junto a una pista clandestina y una avioneta vinculada a actividades ilícitas.
La respuesta del gobierno de Rodrigo Paz incluyó un mayor despliegue policial y militar en las zonas consideradas críticas. El Ejecutivo también recurrió a la cooperación con Brasil ante la sospecha de que organizaciones criminales brasileñas, entre ellas el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, tienen presencia o influencia en sectores de la frontera boliviana.
En ese marco, Bolivia y Brasil avanzaron en el denominado plan “Fronteras Seguras”, que contempla operaciones permanentes, intercambio de información y coordinación entre las fuerzas policiales de ambos países. El objetivo declarado es recuperar el control de los pasos fronterizos considerados vulnerables al narcotráfico y a otras actividades criminales.
Pero la preocupación por la seguridad no se concentra únicamente en las fronteras. Santa Cruz también registra hechos que aumentaron la inquietud ciudadana y generaron cuestionamientos políticos. Legisladores incluso reclamaron al Gobierno la ausencia de una política suficientemente definida para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado después de los asesinatos registrados en el departamento.
A esta situación se sumó el ataque armado contra la analista política Nadia Beller, ocurrido el 17 de agosto en Santa Cruz. La víctima recibió tres disparos y sobrevivió. Por el caso fue detenido Fernando Cerimedo, consultor argentino relacionado con Rodrigo Paz, mientras la Policía investiga si tuvo alguna participación en el hecho. Las autoridades manejan distintas hipótesis y todavía no existe una determinación judicial sobre su responsabilidad.
El Gobierno sostiene que está enfrentando a organizaciones criminales con acciones más contundentes. Paz afirmó recientemente que durante los primeros nueve meses de su administración fueron expulsados 17 jefes de organizaciones criminales y que se incautaron decenas de aeronaves utilizadas por redes vinculadas al narcotráfico.
La administración de Rodrigo Paz también asegura haber decomisado importantes cantidades de sustancias controladas y plantea que el combate al crimen organizado requiere coordinación con países vecinos.
Sin embargo, los hechos registrados durante su gestión muestran que la violencia continúa siendo un desafío abierto. Para el Gobierno, el reto ya no se limita a perseguir delitos aislados: pasa por recuperar presencia estatal en territorios donde las organizaciones criminales han logrado capacidad operativa, logística y armada.
La sucesión de asesinatos y ataques coloca así a la seguridad entre los principales frentes de la administración de Rodrigo Paz. Las próximas semanas serán determinantes para establecer si el despliegue anunciado consigue reducir la violencia o si el país ingresa en una etapa de mayor confrontación con las estructuras criminales.