Los ministros Roberto Ríos, César Siles y María Nela Prada advierten sobre la escalada de violencia, los bloqueos de caminos y la manipulación política con miras a sabotear las elecciones nacionales.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, inició la conferencia denunciando los hechos recientes que han convulsionado al país: bloqueos en carreteras, ataques contra policías y el uso de explosivos. Según Ríos, estas acciones violentas no son espontáneas sino parte de un plan sistemático que busca desestabilizar la democracia y la paz social en Bolivia.
Enfatizó que el principal responsable de esta estrategia es Evo Morales, quien, a través de audios filtrados, instruye a sus seguidores a cerrar las ciudades y cercar a la población, cortando el acceso a alimentos, combustible y otros productos esenciales. Ríos advirtió que estas medidas no buscan defender la economía ni la canasta familiar, sino tomar el poder a cualquier costo, incluso a costa del sufrimiento de la gente.
El ministro calificó estas acciones como un intento de golpe de Estado disfrazado de movilización pacífica y alertó que detrás del discurso de protestas por necesidades básicas se oculta un plan para anular las elecciones y forzar la habilitación de Morales, inhabilitado por la ley para postular.
DENUNCIAS PENALES POR TERRORISMO Y OBSTRUCCIÓN ELECTORAL
El ministro de Justicia, César Siles, informó que el gobierno presentará mañana una denuncia formal por delitos graves ante el Ministerio Público. Estos incluyen terrorismo, instigación pública a delinquir, desobediencia a resoluciones judiciales y delitos contra el transporte y la seguridad pública.
Siles explicó que las movilizaciones ilegales violan la sentencia constitucional 0721/2024, que prohíbe impedir la libre locomoción, y afectan derechos fundamentales como la salud y la educación. La denuncia también abarcará el delito electoral de obstrucción al proceso, previsto en la ley 026, por intentar impedir el normal desarrollo de los comicios programados para el 17 de agosto.
Además, destacó que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral están siendo objeto de amedrentamiento y ataques para frenar las elecciones, situación que se ha denunciado incluso ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El ministro advirtió que, si estas conductas persisten, podrían constituir crímenes de lesa humanidad, conforme al Estatuto de Roma, y remarcó la importancia de una acción judicial rápida y contundente para proteger la democracia.
LA POSICIÓN FIRME DEL EJECUTIVO Y EL LLAMADO A LA CALMA
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, reiteró el respaldo del gobierno a las acciones legales y al uso de la fuerza pública, cuando sea necesario, para restablecer el orden constitucional y garantizar la realización de las elecciones.
Prada destacó que el presidente Luis Arce ha ordenado preservar la seguridad y proteger la vida de la población en todos los escenarios afectados por los bloqueos, incluyendo ciudades como La Paz, Cochabamba, Potosí y Sucre.
Subrayó el daño que los bloqueos ocasionan a diversos sectores: trabajadores, transportistas, pequeños y grandes productores, y a la economía nacional en general. Asimismo, condenó las agresiones a ambulancias y personal médico, calificándolas de actos inhumanos que no se justifican ni siquiera en contextos de guerra.
La ministra acusó a Morales de mentir al país al justificar las protestas con problemas económicos, cuando en realidad su único objetivo es forzar su habilitación ilegal para una nueva candidatura presidencial, lo que choca con la Constitución y las sentencias de las más altas instancias judiciales nacionales e internacionales.
RIESGOS DE UNA CRISIS MAYOR Y LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA
Los ministros coincidieron en que la escalada de violencia y los bloqueos representan un grave riesgo para la estabilidad del país. Ríos recordó la ruptura del orden democrático en 2019, con consecuencias trágicas, y pidió no repetir esos errores.
Siles insistió en que las acciones de Morales y sus seguidores son un desafío abierto a la ley y a la voluntad popular expresada en el voto, por lo que el gobierno actuará con firmeza para impedir cualquier intento de sabotaje electoral.
Prada cerró la conferencia con un llamado a la unidad nacional y a la defensa de la democracia frente a quienes promueven el caos y la confrontación para satisfacer intereses personales.