El transporte sindicalizado se alista para definir medidas drásticas en Santa Cruz, con reclamos por combustible, carreteras y compensaciones económicas que tensan la relación con el Gobierno.
El ampliado nacional de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, convocado para el próximo martes en Santa Cruz, se perfila como un punto determinante en el conflicto entre el transporte y el Gobierno. La dirigencia nacional anticipó que en ese encuentro se adoptarán medidas de presión frente a la falta de soluciones a sus demandas, centradas en la calidad del combustible, el abastecimiento irregular y el deterioro de la infraestructura vial.
La convocatoria reunirá a secretarios generales de los nueve departamentos, quienes llegarán con mandatos de sus bases en un contexto de creciente descontento. El ejecutivo de la Confederación, Lucio Gómez, afirmó que el malestar se ha generalizado y responde a compromisos incumplidos por parte de las autoridades.
“Ya basta, ya no vamos a tolerar más”, expresó el dirigente, al cuestionar que los acuerdos firmados con anterioridad no hayan sido ejecutados. Según indicó, estos compromisos incluían garantías para la provisión de combustible en condiciones adecuadas, un aspecto que hoy es motivo de constantes reclamos en el sector.
Desde el transporte, se advierte que la gasolina distribuida no cumple con los estándares requeridos, lo que ha generado fallas mecánicas en los vehículos. Este problema, aseguran, impacta directamente en la economía de los conductores, quienes deben asumir costos adicionales por reparaciones y mantenimiento. En ese marco, una de las exigencias que será puesta sobre la mesa es el pago de resarcimientos por los daños ocasionados.
El escenario se complejiza con el estado de las carreteras. Gómez denunció que no existe una intervención efectiva en la rehabilitación de las vías, lo que incrementa el desgaste de los motorizados y reduce la eficiencia del transporte. La falta de mantenimiento, sostuvo, se suma a los factores que han llevado al sector a una situación límite.
En el ampliado se definirá la estrategia de movilización. La dirigencia ha señalado que las decisiones adoptadas tendrán carácter obligatorio para todas las federaciones afiliadas, lo que implica una ejecución coordinada a nivel nacional. Esta estructura organizativa otorga al sector una capacidad de presión significativa.
Entre las medidas que se evalúan se encuentran bloqueos de carreteras en distintos puntos del país. Gómez adelantó que las acciones no se limitarán a protestas simbólicas y que se apunta a una paralización efectiva del tránsito en las principales rutas. La posibilidad de que las capitales de departamento queden aisladas forma parte del escenario que manejan los dirigentes.
Asimismo, se ha abierto la puerta a la participación de otros sectores que enfrentan problemas similares vinculados al combustible. Esta eventual adhesión podría ampliar el alcance de las movilizaciones y reforzar el impacto de las medidas.
“La toma de todas las carreteras del país, estarán paralizadas las capitales de departamento del país”, advirtió el ejecutivo, al describir el nivel de presión que podría alcanzarse si no se atienden las demandas.