La negativa a revelar quién acercó el currículum de José Armando Urioste a la Asamblea abrió una cadena de cuestionamientos de autoridades, legisladores y líderes políticos que exigen transparencia.

La decisión del fiscal general interino, José Armando Urioste, de mantener en reserva la identidad del empresario que le pidió su currículum antes de su designación ha instalado una pregunta que sigue sin respuesta: ¿quién fue la persona que intervino para hacer llegar su nombre a la Asamblea Legislativa Plurinacional? La falta de claridad provocó pedidos públicos de explicación desde distintos sectores políticos y reavivó las dudas sobre cómo se definió una de las designaciones institucionales más sensibles del país.
EXIGEN IDENTIFICAR AL EMPRESARIO
La controversia comenzó después de que Urioste revelara que un empresario le solicitó su hoja de vida ante una eventual postulación, aunque evitó identificarlo. Esa declaración abrió un nuevo frente de cuestionamientos porque expuso la existencia de un actor privado que participó, al menos de manera indirecta, en el proceso que terminó con su elección como fiscal general interino.
El vicepresidente Edmand Lara fue una de las primeras autoridades en demandar explicaciones. “En el marco de la transparencia, yo le pediría que diga cuál es el nombre de ese empresario”, manifestó al referirse a las declaraciones del fiscal.
Lara sostuvo que, más allá del procedimiento que derivó en la designación, la principal obligación de Urioste es actuar con transparencia frente a la ciudadanía. También reclamó que el Ministerio Público evite la paralización de investigaciones de alto interés público.
Las exigencias no llegaron solamente desde el Ejecutivo. El ex candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Chi Hyun Chung, afirmó que el fiscal debe revelar quién promovió su nombre y consideró que los cargos de esa naturaleza no pueden depender de influencias personales ni de relaciones de cercanía política.
“Él tendrá que decir públicamente quién es ese empresario”, señaló Chung, quien además reclamó procesos institucionalizados y evaluaciones basadas en méritos para la selección de altas autoridades.
CUESTIONAMIENTOS DESDE SANTA CRUZ
Las observaciones también alcanzaron al gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien consideró que Urioste debe aclarar quién hizo llegar su currículum al Legislativo.
Velasco afirmó que existe interés público en conocer los detalles de ese episodio y sostuvo que no resulta adecuado que un empresario aparezca vinculado a la definición de quién ocupará la máxima representación del Ministerio Público.
Aun así, reconoció que la elección fue realizada por la Asamblea Legislativa y que, en consecuencia, Urioste ejerce legítimamente el cargo interino durante el plazo establecido.
El gobernador aprovechó la polémica para insistir en reformas destinadas a descentralizar la administración de justicia y modificar el sistema de designación de fiscales departamentales.
VERSIONES ENCONTRADAS SOBRE LA POSTULACIÓN
Mientras crecen las exigencias para identificar al empresario, algunos legisladores intentaron explicar cómo apareció el nombre de Urioste durante las negociaciones parlamentarias.
El diputado del PDC, Manolo Rojas, relató que participó en la reunión de jefes de bancada donde se analizó una lista de posibles candidatos. Según su versión, el nombre de Urioste surgió entre varios perfiles considerados durante una jornada de deliberaciones que se extendió hasta la madrugada.
Rojas reveló que los participantes enfrentaron dificultades para contactar a algunos postulantes y que, en el caso de Urioste, fue necesario realizar varias llamadas hasta conseguir su número telefónico.
“Me imagino que era el empresario al que se refiere el fiscal general”, afirmó el legislador al explicar cómo se obtuvo finalmente el contacto del actual fiscal interino.
Sin embargo, el diputado reconoció que no recuerda quién propuso específicamente el nombre de Urioste durante las negociaciones y sostuvo que se discutieron distintos perfiles sugeridos por varias fuerzas políticas.
Por su parte, el diputado de Libre, Rodrigo Antonio, descartó que la postulación hubiera surgido de su bancada y afirmó que desconoce quién impulsó inicialmente la candidatura del fiscal.
Antonio indicó que la designación fue resultado de acuerdos alcanzados entre jefes de bancada y las presidencias de ambas cámaras tras varios intentos fallidos de elección. A la vez, pidió que el propio Urioste aclare quién promovió su nombre para despejar las dudas existentes.
EL GOBIERNO MINIMIZA LA POLÉMICA
A diferencia de otras autoridades, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, relativizó la situación y consideró que la sugerencia de un nombre para un cargo público no constituye por sí misma una irregularidad.
El ministro defendió la trayectoria profesional de Urioste y remarcó que su designación respondió a consensos alcanzados en el Legislativo.
“Te puede sugerir un futbolista, te puede sugerir un intelectual, te puede sugerir un político. En eso no hay ningún pecado”, declaró Oviedo.
La postura del ministro contrasta con los cuestionamientos surgidos desde otros sectores, donde la discusión no gira únicamente en torno a la recomendación de un nombre, sino a la resistencia a revelar quién ejerció esa influencia.
Precisamente ése es el punto que mantiene abierta la controversia. A medida que se multiplican las versiones sobre el origen de la candidatura, el nombre del empresario continúa fuera del conocimiento público. Y mientras la identidad permanezca oculta, las preguntas sobre su papel en la llegada de José Armando Urioste a la Fiscalía General seguirán acumulándose en el escenario político.