El acuerdo obliga a reducir la masa salarial estatal durante tres años. Con 445.954 ítems registrados, la pregunta es qué sectores tendrán que absorber el recorte.

El acuerdo firmado por Bolivia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pone sobre la mesa un problema que puede tocar directamente al empleo público.
El Gobierno de Rodrigo Paz deberá reducir el costo de la planilla estatal durante los tres años del programa, pero el documento no dice cuántos funcionarios deben salir ni de qué instituciones.
La cifra que permite medir el tamaño del problema es la plantilla estatal. En 2025, el Estado registraba 445.954 ítems, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas.
Si una parte importante del ajuste fiscal se trasladara a la cantidad de trabajadores, el cálculo podría acercarse a 35.000 puestos menos. De ahí surge el escenario de más de 30.000 empleos públicos bajo presión durante el periodo del acuerdo.
No se trata de una cifra fijada por el FMI ni de una orden de despidos. Es el resultado de llevar el tamaño del ajuste a la cantidad de trabajadores que tiene actualmente el Estado.
La otra posibilidad es que el Gobierno busque reducir la masa salarial sin sacar a miles de funcionarios. Para eso puede congelar salarios, limitar incrementos, dejar vacantes sin reemplazo cuando un trabajador se jubile, reducir nuevas contrataciones o reorganizar instituciones.
El problema aparece cuando se mira dónde están concentrados los empleados públicos.
SALUD Y EDUCACIÓN REÚNEN CASI SEIS DE CADA DIEZ ÍTEMS
De los 445.954 ítems registrados, el 59,7% corresponde a salud y educación. Son alrededor de 266.000 trabajadores entre ambos sectores.
Después aparecen la Policía y las Fuerzas Armadas, con el 14,6%, unos 65.000 ítems.
Las entidades territoriales autónomas y las universidades públicas tienen una proporción similar, también alrededor de 65.000 puestos.
Las empresas públicas representan el 3,2%, cerca de 14.300 trabajadores, mientras que los órganos del Estado y las entidades de control y defensa reúnen el 4,7%, aproximadamente 21.000.
Ahí aparece la principal incógnita del ajuste. Si salud, educación, seguridad u otros sectores considerados prioritarios quedan al margen de una reducción importante de personal, el espacio para buscar el ahorro se hace más pequeño y el peso puede trasladarse hacia otras instituciones.
El acuerdo con el FMI no establece ese reparto. Tampoco señala que los municipios, las gobernaciones, las universidades o las empresas públicas tengan que reducir determinado número de trabajadores.
La decisión queda en manos del Gobierno.
¿QUIÉN ESTÁ DISPUESTO A CEDER?
La distribución de los ítems deja abiertas varias posibilidades.
Una parte del ahorro podría salir de los salarios. Otra, de los cargos que queden vacantes. También se puede reducir el ingreso de nuevo personal o revisar estructuras administrativas.
Pero si la reducción termina afectando directamente a trabajadores que actualmente ocupan un puesto, la discusión cambia.
En ese escenario, la pregunta ya no sería solamente cuánto debe ahorrar el Estado, sino qué sector tendrá que entregar empleos para alcanzar esa meta.
La respuesta adquiere mayor importancia en las entidades territoriales y las universidades, donde se concentra una cantidad considerable de trabajadores, y en las empresas estatales, aunque estas últimas representan una porción mucho menor del total.
COMIBOL QUEDA DENTRO DE LA PREGUNTA
Las empresas públicas reúnen cerca de 14.300 trabajadores. Dentro de ese grupo está la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), con sus empresas y unidades productivas, entre ellas Huanuni y Colquiri.
Si el ajuste alcanza a las empresas estatales, también tendrá que definirse qué ocurre con la minería pública.
Una reducción de personal administrativo no tendría el mismo efecto que retirar trabajadores de una operación minera. En Huanuni o Colquiri, por ejemplo, el personal está relacionado directamente con la actividad productiva.
Por eso, el ajuste también plantea una pregunta dentro de COMIBOL: si habrá reducción de personal, ¿se tocarán las áreas administrativas o también las operaciones mineras?
El documento del FMI no responde esa cuestión.
EL GOBIERNO CREÓ 6.867 ÍTEMS ESTE AÑO
El panorama tiene otro dato que pesa en la discusión. En julio de 2026, el Gobierno anunció la creación de 6.867 nuevos ítems.
De ellos, 3.000 fueron destinados a educación, 2.355 a salud y 1.512 a las Fuerzas Armadas y la Policía.
Esos nuevos cargos no significan que tengan que ser eliminados por el acuerdo con el FMI. Fueron creados para atender necesidades de personal en áreas determinadas y el programa fiscal tiene un horizonte de tres años.
Pero el dato deja planteada otra cuestión: mientras algunas áreas del Estado todavía requieren más trabajadores, el Gobierno tiene que reducir la masa salarial.
Si educación necesita 3.000 nuevos ítems, salud otros 2.355 y seguridad 1.512, la discusión sobre dónde se producirá el ajuste vuelve a las otras áreas de la administración pública.
Con 445.954 ítems como punto de partida, el Gobierno tendrá que definir qué parte de la reducción saldrá de los salarios, qué parte de las nuevas contrataciones, qué cargos quedarán sin reemplazo y, si el recorte llega al empleo ocupado, qué sectores tendrán que asumirlo.