Bolivia acuerda con el FMI plan de austeridad: contempla recorte salarial, fin al subsidio de carburantes y metas fiscales a 2028

Para equilibrar sus finanzas y frenar el déficit fiscal, el Gobierno boliviano ejecutará un plan de ajuste económico respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La estrategia contempla frenar el ritmo de nuevas contrataciones en el sector público y garantizar que el incremento salarial no supere el crecimiento del PIB nominal durante el tiempo que dure el programa.

El plan presentado ante el organismo multilateral incluye una reducción del 30 % en la masa salarial del nivel central del Estado. En entrevista con Unitel, el ministro de Economía, Christian Morales, explicó que los ajustes abarcarán tanto planillas como gastos corrientes prescindibles y partidas de inversión pública.

De acuerdo con el Memorando de Políticas Económicas y Financieras remitido al FMI, se proyecta un recorte salarial equivalente a más del 1 % del PIB. La medida busca equilibrar las brechas de remuneración entre la administración pública y el sector privado, revirtiendo el incremento del 4 % registrado durante la gestión gubernamental anterior.

Meta fiscal: El objetivo final es reducir el déficit público al 3,8 % del PIB para 2028. Morales precisó que el programa formalizado tiene una vigencia de 36 meses para dotar de sostenibilidad a las arcas estatales.

Subvenciones y asistencia social: Se establece el retiro gradual del subsidio a los combustibles proyectado para 2027. Con el fin de contener el efecto en tarifas y productos de primera necesidad, el Ejecutivo aplicará transferencias directas focalizadas en la población vulnerable, tomando como base la experiencia del Bono Pepe.

Inversión y gestión: Junto al FMI se auditará la inversión pública para optimizar la planificación de obras públicas e impulsar reformas estructurales en la participación estatal.

El proyecto de ley que autoriza el crédito por 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (aproximadamente 1.900 millones de dólares) ya se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate y aprobación.