La cadena de resoluciones que modificó las detenciones preventivas de los procesados quedó bajo análisis mientras la Fiscalía mantiene abiertas dos investigaciones relacionadas con el origen del dinero incautado.
Las decisiones emitidas por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que dejaron sin efecto las detenciones preventivas de varios implicados en el caso de la encomienda donde fueron secuestrados 1,7 millones de bolivianos y 125.500 dólares, motivaron el inicio de una revisión sobre la actuación de los vocales que resolvieron los recursos de apelación presentados por los investigados.
La evaluación alcanza a Carlos Alberto Guzmán Luján y Narda Virginia Vega Leigue, cuyas resoluciones permitieron modificar las medidas cautelares impuestas inicialmente dentro del proceso penal. La investigación busca establecer si las decisiones adoptadas se ajustaron a la normativa vigente o si existieron actuaciones que terminaron favoreciendo a los imputados.
Desde el inicio del caso, el Ministerio Público sostuvo que ninguno de los investigados logró demostrar el origen legal del dinero decomisado. Con esos elementos, la autoridad jurisdiccional de primera instancia ordenó la detención preventiva de policías y de un piloto civil, imputados por enriquecimiento ilícito, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias.
Pese a esos antecedentes, las resoluciones dictadas en apelación modificaron de manera gradual la situación jurídica de los procesados. El 11 de junio de 2026, la vocal Narda Virginia Vega Leigue declaró procedente el recurso presentado por Andrea Nineth Choque Mendoza, dejando sin efecto la medida cautelar que había sido dispuesta en su contra.
Posteriormente, el vocal Carlos Alberto Guzmán Luján resolvió a favor de Sergio Rivero Montaño, Luinn Mamani Ramos y Jann Nicole Romero Nina, quienes también acudieron a la segunda instancia para solicitar la revisión de las decisiones asumidas por la jueza cautelar.
En otra resolución, Guzmán Luján declaró parcialmente procedente la apelación presentada por César Antonio Saravia Ordóñez. El fallo redujo los riesgos procesales considerados por la Fiscalía y dejó al imputado en condiciones de solicitar una audiencia para recuperar su libertad mediante la cesación de la detención preventiva.
De manera paralela, el Ministerio Público decidió ampliar las investigaciones con la apertura de un nuevo proceso por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. Esa causa permitió que Sergio Rivero Montaño, César Antonio Saravia Ordóñez, Luinn Mamani Ramos y Jann Nicole Romero Nina volvieran a ser enviados con detención preventiva, al considerar que existían nuevos elementos que justificaban esa medida.
Los cuatro imputados recurrieron nuevamente a la Sala Penal mediante recursos de apelación con la finalidad de obtener otra revisión de las medidas cautelares, siguiendo el mismo mecanismo legal utilizado durante el proceso principal.
Dentro de los antecedentes también figura la actuación del juez Daniel Alberto Núñez Vela Bruening, quien anteriormente concedió la cesación de la detención preventiva a Andrea Nineth Choque Mendoza y a César Antonio Saravia Ordóñez. Antes de recibir la nueva imputación por legitimación de ganancias ilícitas, el magistrado hizo uso de dos días de vacaciones, por lo que no conoció esa causa.
Mientras el proceso penal continúa en desarrollo, el Consejo de la Magistratura aún no hizo pública una determinación respecto a la actuación de las autoridades judiciales involucradas. Entretanto, la revisión de las resoluciones emitidas por los vocales se desarrolla de manera paralela a las investigaciones fiscales, en un caso que mantiene bajo observación el desempeño de quienes intervinieron en las distintas etapas del proceso judicial.
REVISAN ACTUACIÓN DE VOCALES TRAS FALLOS QUE FAVORECIERON A IMPUTADOS DEL CASO “ENCOMIENDA MILLONARIA”
