El proyecto del Gobierno fija un déficit del 9% y menor crecimiento, mientras surgen críticas por falta de cambios estructurales y dudas sobre su impacto real en la crisis económica.

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 ingresó al debate público con señales de tensión desde el primer momento. La propuesta presentada por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, plantea un escenario de ajuste moderado, pero también deja abiertas interrogantes sobre su capacidad para encarar la crisis económica.
Uno de los puntos centrales es el déficit fiscal proyectado en 9% del Producto Interno Bruto (PIB). Para el Gobierno, se trata de una reducción respecto a niveles anteriores que, según el diagnóstico oficial, alcanzaban cifras más elevadas debido a distorsiones en el presupuesto vigente. Sin embargo, la cifra fue rápidamente cuestionada por actores políticos y económicos.
El empresario y líder opositor Samuel Doria Medina observó que el déficit se mantiene en niveles que considera preocupantes. A su criterio, el problema no es solo el porcentaje, sino la señal que envía hacia el exterior. Sostuvo que con ese margen fiscal será difícil generar condiciones para acuerdos internacionales o mecanismos de estabilización.
Las críticas también apuntaron al tiempo que tomó la elaboración del documento. Tras varios meses de espera, el contenido del PGE fue interpretado por algunos sectores como una continuidad de la política económica previa, sin cambios de fondo que permitan modificar la tendencia de desaceleración.
Desde el Ejecutivo, la defensa se centró en el proceso de revisión técnica del presupuesto heredado. Espinoza explicó que se detectaron ingresos inflados por más de 15.000 millones de bolivianos y gastos mal distribuidos entre gestiones, lo que obligó a replantear las cifras bajo criterios más conservadores. Según dijo, el objetivo es partir de una base “realista” que permita ordenar las finanzas públicas.
El documento también proyecta una inflación del 14% y un crecimiento económico por debajo del 1%, con incluso estimaciones de contracción en algunos escenarios. En ese marco, se planteó una reducción del gasto público superior a 4.100 millones de bolivianos y un recorte en la inversión pública de más de 4.800 millones.