Una escalada militar sin justificación ha colocado a Venezuela en la mira de Washington y despertó un rechazo global creciente frente a acciones consideradas un peligro real para la paz hemisférica.
Estados Unidos avanza en una operación que sectores internacionales interpretan como el ensayo de una intervención contra Venezuela. La presencia militar en el mar Caribe no es casual ni aislada. Bombarderos B-52H de largo alcance, provenientes de la base de Minot, se han desplegado en una zona altamente sensible, realizando maniobras de ataque que las Fuerzas Aéreas del Sur califican como una forma de “fortalecer la estabilidad hemisférica”. Pero esa versión se estrella contra una lectura ampliamente compartida: se trata de un acto de intimidación directa al Gobierno venezolano.
La operación Lanza del Sur fue activada bajo la premisa de frenar el narcotráfico en la región. Según la versión oficial de Washington, busca eliminar amenazas que ponen en peligro a su población. Sin embargo, informes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y estudios de Naciones Unidas descartan al Caribe venezolano como una ruta relevante de estupefacientes rumbo a EE.UU. Más del 80 por ciento del tráfico se concentra en el Pacífico. Los argumentos antidrogas se desvanecen frente a los datos.
Lejos de recular, el factor político se impone. El presidente Donald Trump reforzó esa visión al declarar desde el Air Force One que actuaría “por las buenas o por las malas” contra Venezuela si a su juicio fuese necesario. Esa amenaza expuesta públicamente revela que la presión militar no es improvisada ni meramente preventiva. Es un mensaje de fuerza dirigido a Caracas y a todos los actores internacionales involucrados.
El despliegue aéreo se complementa con el gigante USS Gerald R. Ford, el portaviones más poderoso del planeta, que navega en el área desde hace semanas con operaciones nocturnas permanentes. “La cubierta de vuelo nunca duerme”, aseveró la Marina estadounidense para remarcar que están en plena capacidad operativa. Analistas apuntan que la combinación de bombarderos estratégicos y un portaviones de ataque constituye una señal inequívoca de agresión potencial.
La agenda diplomático-militar sostiene esta línea. Reuniones del jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, en Trinidad y Tobago, así como la llegada del secretario de Guerra, Pete Hegseth, a República Dominicana, muestran que la ofensiva no se limita al frente bélico. Se está tejiendo un cerco político que busca aislar a Caracas y legitimar un escenario extremo.
Las consecuencias humanas ya se sienten. En el marco de la operación Lanza del Sur, Estados Unidos ha ejecutado ataques contra presuntas embarcaciones criminales, dejando más de 70 muertos sin evidencia pública que sustente las acusaciones. Organismos de derechos humanos denuncian que estos bombardeos equivalen a ejecuciones sumarias y violan normas internacionales fundamentales.
El Gobierno de Nicolás Maduro sostiene que la verdadera motivación es económica y geoestratégica. La riqueza petrolera y gasífera venezolana continúa siendo un objetivo de interés para Estados Unidos. Caracas advierte que el propósito real es imponer un nuevo liderazgo favorable a Washington y reestructurar el control de los recursos naturales.
Frente a esta situación, las voces de rechazo no paran de crecer. Gobiernos de América Latina y potencias globales como Rusia condenan la agresión como una amenaza de intervención encubierta que socava el derecho internacional. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido frenar cualquier acción militar que exponga a la región a un conflicto de consecuencias imprevisibles.