El mandatario estadounidense amenaza directamente a Caracas, justificando operaciones militares con falsedades, mientras ignora el derecho internacional y aumenta riesgos de conflicto en América Latina.
Donald Trump reafirmó su estrategia agresiva contra Venezuela, dejando claro que no cede en su empeño de presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Desde el Air Force One, el presidente estadounidense dijo: «Si podemos salvar vidas de manera fácil, está bien. Y si toca por las malas, pues también», declaración que refleja su disposición a imponer la fuerza sin límites ni justificación legítima.
El gobierno estadounidense utiliza la supuesta existencia del “Cártel de los Soles” como pretexto para intensificar su hostigamiento. El Departamento de Estado incluyó esta organización en la lista de grupos terroristas extranjeros, medida rechazada por Caracas, que calificó la decisión como una “infame mentira” y reafirmó que se trata de un artificio para justificar una intervención ilegal y un cambio de régimen.
Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue militar frente a las costas venezolanas, presentando la operación como parte de la lucha antidrogas. La denominada “Lanza del Sur” ha lanzado bombardeos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, con un saldo de más de 70 muertos, sin evidencia concreta de actividad ilícita.
Trump ha acusado sin pruebas a Maduro de encabezar un cártel de drogas y ha duplicado la recompensa por su captura, reforzando la narrativa hostil de la Casa Blanca. Caracas denuncia que el verdadero objetivo es controlar las vastas reservas petroleras y gasíferas de Venezuela, mientras disfraza su agresión como acción antidrogas.
Diversos organismos internacionales cuestionan la estrategia estadounidense. La ONU y la DEA confirman que Venezuela no constituye una ruta principal para el tráfico de drogas hacia EE.UU., y más del 80 % de la droga sigue la ruta del Pacífico. Gobiernos de Colombia, México y Brasil, junto con Rusia y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, han denunciado los ataques como violaciones al derecho internacional y consideran los bombardeos como “ejecuciones sumarias”.