El Tribunal Electoral afina detalles de los dos debates oficiales, mientras el Senado retiene la ley que podría convertirlos en obligatorios para todos los candidatos.
En un panorama político donde las tensiones crecen de cara a los comicios presidenciales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha ratificado la realización de dos debates presidenciales que reunirán a los nueve aspirantes en carrera. Estas jornadas están previstas para las primeras semanas de agosto, y se celebrarán en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, marcando un hito en el camino hacia la jornada electoral del domingo 17.
El vocal del TSE, Francisco Vargas, fue quien oficializó la medida, subrayando que los debates organizados por el órgano electoral serán los únicos con carácter oficial. “Estos encuentros buscan dar espacio a todos los candidatos, sin exclusiones, y bajo los principios de pluralismo e igualdad que exige el régimen electoral”, enfatizó.
El contexto de estos debates, sin embargo, no está exento de controversias. A pesar del impulso institucional, la Ley de Debate Obligatorio, que establecería la participación obligatoria de los postulantes a la presidencia y vicepresidencia, se encuentra trabada en la directiva del Senado desde hace más de mes y medio. Esta normativa, aprobada en la Cámara de Diputados y avalada en comisión por el Senado, no ha sido aún agendada para su debate en el pleno, hecho que ha generado malestar en diversos sectores.
El dato que genera mayor suspicacia es que quien preside la directiva del Senado es el mismo Andrónico Rodríguez, actual candidato presidencial por la alianza oficialista. Su figura ha sido duramente cuestionada, pues ha evitado asistir a varios encuentros convocados por instituciones de la sociedad civil, lo que ha generado protestas por parte de los demás frentes en competencia.
Rodríguez, además, fue uno de los grandes ausentes en tres foros recientes desarrollados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde sólo participaron aspirantes ubicados en los primeros puestos de las encuestas. Estas exclusiones fueron criticadas por el TSE, que recordó que la ley electoral vigente garantiza el derecho de todos los partidos a ser escuchados y visibilizados en igualdad de condiciones.
En ese sentido, Francisco Vargas exhortó a las organizaciones sociales y empresariales que vienen impulsando debates alternativos a incluir a la totalidad de los partidos. “No se puede seguir segmentando la participación en función de encuestas”, advirtió, dejando en claro que el rol del TSE será velar por la equidad y el respeto al pluralismo político.
El compromiso institucional va más allá de la organización logística. El TSE ha sellado acuerdos estratégicos con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y representantes del empresariado, con el fin de asegurar la amplia cobertura de los debates y su masiva difusión. El objetivo es lograr que el conjunto de la ciudadanía tenga acceso directo a las ideas, planes y estrategias de los candidatos, en un formato claro y sin intermediarios.
Aunque todavía no se ha precisado la fecha exacta de los encuentros, sí se conoce que ambos se llevarán a cabo antes del domingo 17 de agosto. Además, se trabaja en un reglamento específico que definirá la mecánica de participación, el tiempo de exposición de cada postulante, el orden de intervención y la posibilidad de réplicas.
Por otro lado, mientras el TSE avanza, el Congreso ha mostrado señales de estancamiento. La Ley 1632, que pone en funcionamiento el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (SIREPRE), fue la única norma electoral que logró ser promulgada recientemente. Pero la propuesta legislativa que daría carácter obligatorio a los debates sigue esperando turno en la directiva del Senado.
La mencionada ley establece que los candidatos que no participen del debate oficial recibirán sanciones económicas y restricciones en el acceso a propaganda electoral en medios de comunicación. Este punto resulta clave para garantizar que todos los postulantes se sometan al escrutinio público en condiciones de igualdad.