Una transferencia al capital privado que transforma un derecho esencial en herramienta de acumulación, con impactos sociales, ambientales y sanitarios profundos
La decisión del gobierno argentino de privatizar AySA marca un punto de inflexión en la historia contemporánea del país. Por primera vez desde la recuperación de la empresa en 2006, el Estado nacional se despojará no solo de su control operativo, sino de toda la infraestructura construida con fondos públicos para garantizar el acceso al agua y al saneamiento. Con esta medida, el presidente Javier Milei abre las puertas al capital financiero para apropiarse de un bien vital, y deja a millones de argentinos a merced del mercado.
El anuncio, realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, fue acompañado de una justificación simplista: Argentina necesita divisas. Como parte de su estrategia de «ordenamiento económico», el Gobierno considera que los activos públicos deben venderse. No importa si se trata de una empresa estratégica, de un recurso esencial o de una política de salud pública. Si no genera ganancias inmediatas, debe ser entregada.
Lo que queda fuera del discurso oficial es el costo social y humano de esta decisión. Desde ya, los trabajadores de AySA han declarado el estado de alerta. Los sindicatos anticipan miles de despidos, precarización laboral, y pérdida de derechos conquistados en décadas. Pero el mayor golpe lo recibirán los sectores populares, que verán como se encarece el acceso al agua, se reducen las obras en los barrios más pobres y se termina la tarifa social.
DE DERECHO A MERCANCÍA: UN CAMBIO DE PARADIGMA
El agua no es cualquier bien. Su acceso define la dignidad de las personas. Lo entendieron así numerosos gobiernos latinoamericanos cuando, en los años 2000, impulsaron reformas constitucionales para consagrarla como un derecho humano fundamental. Bolivia, Ecuador y Uruguay dieron pasos decisivos. Incluso la Corte Suprema argentina ha reconocido que el agua potable debe ser garantizada por el Estado en condiciones de calidad y asequibilidad.
Sin embargo, el modelo propuesto por Milei rompe con ese consenso. En su visión, el Estado no debe garantizar derechos, sino dejar actuar a las «fuerzas del mercado». Bajo esta lógica, el que puede pagar, accede. El que no, queda fuera.
La privatización anunciada implica varios cambios simultáneos: la venta de la empresa, la licitación de su operación, la entrega de activos estratégicos y la transferencia de las futuras inversiones a los usuarios, que deberán pagarlas a través de tarifas. Es decir, además de ceder el control del recurso, el Estado exige que la ciudadanía financie la rentabilidad de los nuevos dueños.
EL MODELO DE NEGOCIO Y SUS BENEFICIARIOS
Los términos de la privatización revelan claramente los intereses en juego. Se prevé que un operador estratégico internacional se haga cargo de la empresa. Este actor, probablemente un conglomerado europeo o estadounidense con experiencia en el sector, recibirá no solo las redes y plantas ya construidas, sino también los ingresos asegurados por millones de usuarios cautivos.
Además, el 10% de las acciones será reservado para un esquema de “propiedad participada” por los trabajadores. Pero lejos de empoderarlos, esta fórmula busca desactivar la oposición sindical mediante promesas de futuro dividendo, sin garantizar participación real en las decisiones.
La empresa, hoy pública, ha sido una de las mayores ejecutoras de obra social en el país. Desde su reestatización, más de 3,5 millones de personas accedieron por primera vez a agua potable y cloacas. Esa trayectoria será entregada a una empresa privada que, como ha ocurrido en experiencias previas, priorizará las zonas rentables y marginará las periferias.
EXPERIENCIAS PASADAS: LECCIONES NO APRENDIDAS
Argentina ya vivió el fracaso del modelo privatizador en el sector del agua. Durante el gobierno de Carlos Menem, la empresa fue concesionada al grupo Suez, en una operación que prometía inversiones, eficiencia y mejoras de calidad. Nada de eso ocurrió. Las tarifas se dispararon, los cortes aumentaron y las zonas más humildes fueron abandonadas. En muchos casos, se agravaron los problemas de contaminación por falta de mantenimiento y expansión de redes.
Finalmente, en 2006, el contrato fue rescindido y se creó AySA como empresa estatal. Con una lógica de planificación pública, se retomaron obras paralizadas, se expandió la cobertura y se fortaleció la calidad del servicio. Durante más de una década, se invirtieron miles de millones de pesos en infraestructura sanitaria. Todo ese proceso, que benefició a millones, hoy corre peligro de ser revertido.
Y sin embargo, el Gobierno de Milei no parece interesado en aprender del pasado. Por el contrario, impulsa una privatización más radical que la de los años noventa: ahora no se concesiona solo el servicio, sino el patrimonio. Un paso más profundo, más ideológico y más irreversible.
IMPACTOS SANITARIOS Y AMBIENTALES
La privatización de AySA no solo pone en juego el acceso económico al agua, sino también su calidad. Las empresas privadas, motivadas por la rentabilidad, suelen reducir costos en mantenimiento, control y prevención. En contextos de alta inflación y devaluación, como el argentino, ese comportamiento se intensifica.
Las consecuencias pueden ser graves. La falta de inversión en redes puede provocar pérdidas, contaminación de napas y proliferación de enfermedades hídricas. Los barrios populares, sin recursos para afrontar el encarecimiento del servicio, verán deteriorada su situación sanitaria. Y la falta de regulación estatal efectiva hará difícil revertir esas tendencias.
Además, la dimensión ambiental no ha sido considerada en el proyecto oficial. Las políticas de reutilización, ahorro, eficiencia energética y preservación del recurso hídrico no figuran en la agenda de los privados. En un contexto de crisis climática, este vacío representa un riesgo adicional.
RESPUESTAS SOCIALES Y POLÍTICAS
Ante el anuncio oficial, diversas organizaciones comenzaron a movilizarse. La Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC) declaró que recurrirá a la justicia para frenar el proceso. Los gremios del sector, en tanto, convocan a una jornada nacional de protesta. Y desde el Congreso, legisladores opositores exigen informes detallados y promueven una ley que declare al agua como bien público no enajenable.
“El Gobierno está avanzando sobre un bien que no le pertenece. El agua no es de Milei ni del Estado, es de todos los argentinos. Entregarla es una traición a la soberanía”, sostuvo Silvia Horne, diputada nacional.
La Iglesia también se pronunció. En un documento de la Pastoral Social, se advirtió que “el agua es un don de Dios y debe estar al servicio de la vida, no del lucro”. El pronunciamiento refleja el malestar creciente entre sectores que históricamente han acompañado a los más vulnerables.
En tanto, en barrios populares del conurbano, donde el acceso al agua potable ha sido una conquista reciente, crece la inquietud. “Nos costó años que llegue el agua, que hagan las cloacas. Ahora nos dicen que todo eso lo van a vender. ¿Quién va a venir a terminar las obras que faltan?”, se pregunta Marta, vecina de Villa Fiorito.
UNA DISPUTA IDEOLÓGICA Y ESTRATÉGICA
Lo que está en juego no es solo una empresa, sino una concepción del Estado y de los derechos. Para el gobierno de Javier Milei, el Estado debe desaparecer. En esa lógica, la educación, la salud, la energía y el agua deben ser ofrecidos por el mercado, sin garantías universales ni protección para los sectores vulnerables.
Frente a esa visión, se alza una concepción solidaria, democrática y equitativa del acceso a los bienes comunes. Una mirada que entiende que sin agua no hay vida, y que su distribución no puede quedar sujeta a la lógica de la rentabilidad.
La lucha que se avecina es, en ese sentido, paradigmática. Implica defender no solo una empresa, sino una idea de sociedad. Una comunidad que se construye a partir del cuidado mutuo, del respeto a los derechos, y del compromiso con las futuras generaciones.