El exministro boliviano Arturo Murillo ya no está recluido en Estados Unidos, y el Gobierno acelera gestiones para que responda ante la justicia nacional.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. confirmó que Arturo Murillo Prijic, exministro de Gobierno durante la administración de Jeanine Áñez, ya no aparece en su base de datos como preso bajo custodia federal.
Murillo fue liberado el viernes 20 de junio y permanece ahora bajo vigilancia electrónica, utilizando un grillete que monitorea sus movimientos.
Aunque no se ha dado a conocer públicamente su ubicación exacta, se especula que podría encontrarse en un centro de detención migratorio, a la espera de definiciones sobre su estatus migratorio y las posibles órdenes de extradición hacia Bolivia.
El exministro había sido condenado el 4 de enero de 2023 a 70 meses de prisión en Miami por sobornos y lavado de dinero relacionados con la compra irregular de gases lacrimógenos y equipos antidisturbios.
El activista Thomas Becker, conocido por impulsar investigaciones sobre las masacres de Sacaba y Senkata, informó en sus redes sociales: “La prisión federal en EE.UU. liberó a Arturo Murillo ayer, el 20 de junio. En este momento no sabemos su paradero…” Si bien algunos medios especularon que fue trasladado a un centro para migrantes, fuentes oficiales de Bolivia no han confirmado esa versión.
Entretanto, la Procuraduría General del Estado reiteró que mantiene activa la solicitud formal de extradición. “Hemos presentado toda la documentación y pedidos oficiales al Gobierno de EE.UU., para que Murillo retorne y responda por sus delitos en Bolivia», indicaron representantes legales consultados por este medio.
Desde la Cancillería también se han insistido en los canales diplomáticos y legales, con el objetivo de proteger la soberanía nacional.
El retorno de Murillo tendría un impacto significativo, ya que en Bolivia enfrenta investigaciones por el mismo caso de soborno, además de posibles cargos por enriquecimiento ilícito.
Su presencia en territorio boliviano permitiría avanzar con celeridad en los procesos judiciales. Murillo, durante su gestión, fue acusado de ordenar represión durante las protestas sociales posteriores a las elecciones de 2019, y su detención internacional fue vista por sectores sociales como un avance en la lucha contra la impunidad.
La orden de extradición involucra distintos elementos del derecho internacional, incluyendo tratados bilaterales y la inmunidad que pudo haber tenido Murillo como exfuncionario. Bolivia presentó un requerimiento, acompañado de informes jurídicos y las resoluciones judiciales que lo vinculan a los hechos.
Las autoridades bolivianas esperan una resolución pronta, mientras que en Estados Unidos aún se evalúa la compatibilidad con su legislación migratoria y penal.
En tanto, Lorenzo Ríos, vocero de la Procuraduría, declaró que “hay avances positivos en las gestiones, pero la situación migratoria de Murillo es clave para determinar si será enviado a su país o detenido en EE.UU. mientras duren los trámites”.
Esto refuerza la idea de que su caso se librará tanto en tribunales bolivianos como en entidades federales norteamericanas.
La liberación anticipada de Murillo ha encendido la opinión pública en Bolivia. Organizaciones sociales y ciudadanos han activado la campaña “Murillo debe responder”, demandando transparencia y rigor judicial. En redes sociales, la etiqueta se volvió tendencia durante el fin de semana, con miles de usuarios pidiendo que se den a conocer detalles de las gestiones y se agilicen los procesos.