En una reunión clave en Santa Cruz, el Tribunal Supremo Electoral reunió a líderes de diferentes poderes del Estado y candidatos presidenciales para garantizar que los comicios se lleven a cabo en la fecha prevista
Con el reloj electoral avanzando y el país en medio de una creciente polarización, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) activó un mecanismo institucional para contener las amenazas que ponen en riesgo los comicios del 17 de agosto. La Cumbre Multipartidaria e Interinstitucional por la Democracia, realizada este jueves en Santa Cruz, logró un objetivo clave: alcanzar un consenso amplio sobre la defensa del calendario electoral y la necesidad de restablecer la normalidad democrática.
El evento congregó a figuras del Ejecutivo, Legislativo, Órgano Judicial y del Ministerio Público, además de candidatos presidenciales y observadores internacionales. Todos firmaron un documento con 12 compromisos dirigidos a resguardar el proceso electoral en un contexto de bloqueos, amenazas y tensiones impulsadas por sectores que buscan invalidar la elección.
“Hoy no hay vencedores ni vencidos. El único resultado que importa es el fortalecimiento de la democracia”, expresó el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, al cierre del encuentro.
Convocatoria de emergencia ante clima adverso
La decisión de convocar la cumbre en Santa Cruz se tomó apenas dos días antes del evento. La medida fue interpretada como una respuesta directa a los ataques sufridos por instalaciones del TSE en La Paz y al cierre del registro de candidaturas que provocó reacciones violentas, especialmente desde el ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), afín a Evo Morales.
Desde el Órgano Electoral aseguraron que Santa Cruz ofrecía mejores condiciones de seguridad, además de una ubicación estratégica para facilitar la participación de diversos actores. La cita se desarrolló en Fexpocruz, desde las 16:00 hasta cerca de las 21:30.
“El país necesitaba esta señal. En momentos críticos, lo institucional debe imponerse a lo caótico”, dijo el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe.
Intervenciones cargadas de advertencias
Durante el desarrollo del encuentro, las intervenciones reflejaron preocupación por la escalada de conflictos. Jorge Tuto Quiroga, vocero de Libertad y Democracia, advirtió sobre la dimensión económica del problema. “El daño de los bloqueos ya es medible en el precio de los alimentos y en la pérdida de productos. Las familias no pueden seguir pagando el precio de la intolerancia política”, expresó.
Eva Copa, alcaldesa de El Alto y candidata presidencial por Morena, pidió acciones contundentes contra quienes sabotean el proceso. “Debemos hacer valer la ley. Aquí no puede haber privilegios para nadie, ni siquiera para expresidentes. El futuro del país no puede depender de ambiciones personales”, afirmó, en una alusión implícita a Evo Morales.
Samuel Doria Medina, aspirante por la alianza Unidad, valoró la participación de parlamentarios en esta edición de la cumbre. “Lo que se pacte aquí tendrá una vía legal en la Asamblea, y eso es fundamental”, destacó.
Aportes desde la gestión pública y económica
Eduardo Del Castillo, ministro de Gobierno y postulante presidencial por el MAS, sostuvo que el Estado debe actuar con firmeza para neutralizar las amenazas a la paz social. Celebró las acciones realizadas por la Policía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en puntos conflictivos como Llallagua.
En la misma línea, el economista y precandidato Jaime Dunn introdujo un enfoque fiscal a la discusión. Planteó que la aprobación de créditos para el proceso electoral esté condicionada a un recorte proporcional en el gasto público, a fin de evitar un desbalance económico en plena etapa electoral.
“Es tiempo de que la política también se someta a reglas financieras. La democracia debe ser viable, no solo legal”, sostuvo Dunn, quien aspira a capitalizar el voto joven y urbano con propuestas técnicas.
El documento que fija el rumbo
La conclusión del evento estuvo marcada por la firma de un documento con 12 compromisos institucionales. La lectura del acuerdo estuvo a cargo del vocal Gustavo Ávila, quien resaltó que cada poder del Estado tiene un rol clave para que las elecciones se desarrollen con garantías.
El contenido incluye:
- El compromiso del Ejecutivo de mantener el orden público y asegurar el presupuesto para el proceso electoral.
- La responsabilidad del Legislativo de aprobar leyes clave, como la que viabiliza el voto en el exterior.
- La obligación del Órgano Judicial de proteger los derechos políticos.
- El papel del Ministerio Público como garante de la legalidad frente a actos que amenacen las elecciones.
- El deber de los partidos políticos de participar activamente y respetar el proceso, incluyendo auditorías al padrón electoral y al sistema de Transmisión Rápida de Resultados (TREP).
Además, el TSE anunció que emitirá informes periódicos sobre el cumplimiento de estos puntos, reforzando así la fiscalización ciudadana y la transparencia.
“Este documento es más que un pacto simbólico. Es una hoja de ruta para defender el voto”, dijo Ávila.
Participación internacional y mensaje a la comunidad
La cumbre contó también con la presencia de representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter. Estos organismos serán observadores claves del proceso electoral boliviano y ya expresaron su respaldo a la convocatoria.
“No se trata solo de una elección boliviana. Se trata de preservar la confianza democrática en la región”, remarcó un delegado de la UE bajo condición de anonimato.