La protesta se extiende por varias regiones del país. Los educadores cuestionan la falta de recursos de las gobernaciones y advierten riesgos para el funcionamiento de institutos y unidades educativas fiscales.

Un grupo de 21 maestros instaló este martes un piquete de huelga de hambre en Pando, como parte de las movilizaciones nacionales contra la propuesta gubernamental de descentralizar la administración educativa. La protesta también se desarrolla en otros departamentos, donde las federaciones del magisterio urbano comenzaron medidas similares y anunciaron nuevas acciones si el Ministerio de Educación no atiende sus demandas.
La dirigencia pandina sostiene que transferir responsabilidades educativas a las gobernaciones puede comprometer el financiamiento de los institutos técnicos y tecnológicos y abrir la posibilidad de que otras áreas del sistema fiscal pasen a depender de las administraciones departamentales.
Febe Hurtado, dirigente del magisterio urbano de Pando, explicó que la instalación del piquete responde a las resoluciones de la VI Conferencia Nacional Extraordinaria, que instruyó a las 31 federaciones del país a iniciar simultáneamente las medidas de presión.
«Estamos cumpliendo nosotros. Lo hemos hecho y vamos a tener aproximadamente veintiún huelguistas de inicio», señaló.
La representante afirmó que los profesores asumieron una medida que afecta su propia salud porque consideran que está en riesgo el carácter único, fiscal y gratuito de la educación. También pidió a los padres de familia acompañar las preocupaciones del sector y reclamó que el Gobierno abra un espacio de diálogo.
RECLAMO POR RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN
Hurtado cuestionó que las gobernaciones deban asumir nuevas competencias sin que, a criterio del magisterio, exista una garantía suficiente de recursos para sostener los servicios educativos. Advirtió que una transferencia de responsabilidades podría repercutir en el pago de salarios, la contratación de personal y el mantenimiento de los establecimientos.
«Sabemos que las gobernaciones no tienen la capacidad de atender», manifestó, al expresar su temor de que el cambio administrativo alcance posteriormente al subsistema de educación regular. Esa posibilidad forma parte de las preocupaciones de los dirigentes, aunque el Gobierno sostiene que su propuesta no contempla transferir las unidades educativas fiscales a las administraciones departamentales.
La representante pandina pidió al ministro de Educación, Erick Sanjinés, convocar nuevamente a los dirigentes para revisar sus observaciones y buscar un acuerdo. Según afirmó, los maestros no pretenden perjudicar a los estudiantes, sino defender las condiciones de funcionamiento de la educación pública.
LAS PROTESTAS SE EXTIENDEN POR EL PAÍS
La movilización también alcanzó a Beni, Santa Cruz y La Paz. En Trinidad, maestros urbanos instalaron un piquete de huelga de hambre y rechazaron que los institutos técnicos y tecnológicos pasen a depender de las gobernaciones.
La ejecutiva del magisterio urbano beniano, Etelvina Pedraza, cuestionó además la posición del gobernador Jesús Egüez respecto a la propuesta gubernamental de entregar el 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones. «Es una migaja lo que quiere dar el Gobierno», declaró, al reclamar que las autoridades departamentales defiendan mayores recursos para atender sus responsabilidades.
En Santa Cruz, los dirigentes instalaron otro piquete y advirtieron que ratificarán el paro de 48 horas si no reciben una respuesta favorable. En La Paz, tres representantes iniciaron la huelga en instalaciones de la federación departamental, con demandas relacionadas también con el respeto al escalafón nacional y mejores condiciones salariales.
El cronograma nacional contempla una marcha simultánea para este viernes 6 de noviembre y un paro de actividades de 48 horas para el lunes 9 y martes 10. Las medidas fueron anunciadas después de que las conversaciones entre el magisterio y el Ejecutivo terminaran sin acuerdo en la reunión del 30 de octubre.
EL GOBIERNO DEFIENDE EL ALCANCE DEL ANTEPROYECTO
El Ejecutivo rechaza que la iniciativa represente una privatización o el traslado de toda la educación pública a las gobernaciones. El 29 de octubre, el director del Servicio Estatal de Autonomías, Alfonso Lema, explicó que el proyecto está dirigido a la administración de los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, sin incluir la educación regular urbana y rural.
El Gobierno también sostiene que la transferencia contempla recursos del Tesoro General de la Nación para cubrir los salarios del personal de esas instituciones. El ministro Sanjinés, por su parte, aseguró que mantiene su disposición al diálogo y cuestionó que los dirigentes abandonaran la última reunión sin revisar el contenido del anteproyecto.
La diferencia entre ambas posiciones mantiene enfrentados al Ministerio de Educación y al magisterio, que reclama garantías presupuestarias y el cumplimiento del compromiso firmado el 16 de mayo para no descentralizar la educación.