La estatal canceló el proceso de inspección de calidad, evitó ejecutar garantías contractuales y difundió mensajes incompatibles, mientras usuarios pagan reparaciones por gasolina certificada oficialmente sin sanciones ni auditorías técnicas.
La suspensión del proceso de control de calidad de combustibles en YPFB consolidó una ruta administrativa que cerró el paso a responsabilidades y dejó expuesta una narrativa oficial fragmentada. La medida se adoptó sin vincularla a los daños reportados por miles de conductores, cuyos vehículos presentaron fallas tras cargar gasolina distribuida por la estatal.
La presidencia de YPFB, bajo la conducción de Yussef Akly, sostuvo que el proceso de selección no alcanzó la fase de adjudicación y que se detectaron inconsistencias técnicas en las ofertas. Con ese respaldo, la estatal dispuso la anulación y anunció un relanzamiento futuro. La explicación pública se apoyó en normas internas y plazos, sin relacionar la decisión con el impacto mecánico que ya afectaba a los usuarios.
Los registros administrativos muestran que la cancelación se sustentó en la aplicación del Decreto Supremo 5516, que modificó procedimientos de contratación pública. Esa vía permitió cerrar el proceso sin activar sanciones ni mecanismos de resguardo para el Estado, aun cuando el servicio estaba destinado a certificar la calidad del combustible importado y almacenado en plantas estratégicas.
El antecedente inmediato es el contrato por Bs 8.892.252 adjudicado a Camin Cargo Control Argentina S.A. Sucursal Bolivia, para inspeccionar cantidad y calidad de carburantes en 45 plantas de YPFB durante la gestión 2026. El acuerdo exigía una boleta de garantía equivalente al siete por ciento del monto contractual, prevista para responder ante incumplimientos o daños. Ese instrumento no fue ejecutado.
Durante el periodo cubierto por la inspección, talleres mecánicos y propietarios reportaron daños en motores, inyectores y sistemas de alimentación. Pese a la magnitud de los reclamos, no se emitieron alertas técnicas ni se dispusieron controles extraordinarios. La certificación de calidad se mantuvo vigente y el combustible continuó en circulación.
La resolución que anuló el proceso evitó pronunciarse sobre responsabilidades técnicas o administrativas. No se dispusieron auditorías independientes ni se iniciaron procesos sancionatorios. La decisión se limitó a señalar ajustes necesarios en las especificaciones del servicio y a remarcar que no existían garantías ejecutables por no haberse concretado una nueva adjudicación.
La comunicación institucional reforzó la confusión. En un primer comunicado, YPFB afirmó que Camin Cargo Control Argentina certificó que la Gasolina Especial Plus cumplía con las especificaciones técnicas, tras muestreos realizados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El mensaje oficial presentó esa certificación como respuesta inmediata a inquietudes ciudadanas.
Posteriormente, otro comunicado negó la existencia de una contratación por más de Bs 8 millones, aclarando que solo se trató de un proceso de invitación internacional publicado en diciembre de 2025 y que no fue adjudicado. Días después, un nuevo documento admitió que el proceso fue terminado en febrero de 2026 por ajustes técnicos, reiterando que no se firmó contrato ni se constituyeron garantías en esa etapa.
En paralelo, YPFB informó que el contrato vigente con la empresa inspectora fue suscrito en la gestión anterior, bajo la presidencia de Armin Dorgathen, y que mantiene validez hasta su vencimiento. Ese mismo contrato corresponde a la firma que certificó el combustible cuestionado por los usuarios.
YPFB ANULÓ CONTROL DE COMBUSTIBLES Y SOSTUVO VERSIONES CRUZADAS
