El presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón, denunció que el tema del agua está siendo politizado con el fin de generar conflictos en torno a la viabilidad del emplazamiento de las plantas de producción de carbonato de litio con tecnología de extracción directa en el salar de Uyuni. Según Alarcón, una evaluación de impacto ambiental definirá si el proyecto es viable o no.

“Entendemos muy bien que este tema del agua y del medioambiente lo han politizado y están tratando de generar, anticipadamente, un conflicto que deberíamos discutir de manera técnica con la ingeniería a detalle de la planta”, manifestó el presidente de YLB.

Alarcón explicó que, en el marco de la aprobación del contrato con el consorcio chino CBC, subsidiaria de CATL, se implementará una tecnología moderna para la extracción directa de litio, con el objetivo de producir carbonato de litio grado batería y posicionar a Bolivia en el mercado mundial de este insumo clave para la transición energética.

“Estas tecnologías son modernas y en la última fase de desarrollo. En Argentina, por ejemplo, ya se tienen plantas en operación produciendo carbonato de litio. Nosotros estamos en esa misma línea tecnológica para producir litio grado batería. Además, estas tecnologías permiten reciclar y reutilizar el agua, optimizando su uso en la región”, aseguró.

Selección de tecnologías y garantía ambiental

Desde 2021, YLB ha llevado adelante convocatorias internacionales para seleccionar la tecnología más adecuada para la extracción de litio, priorizando el consumo responsable del agua.

“El consumo de agua ha sido un hito muy importante en el desarrollo de los convenios con los tecnólogos seleccionados. Estos acuerdos han permitido la viabilidad del proyecto con un enfoque responsable”, enfatizó Alarcón.

Como parte de este proceso, se han realizado perforaciones y estudios para cuantificar los cuerpos de agua disponibles y determinar su sostenibilidad sin afectar el medioambiente, las comunidades ni el ecosistema del salar de Uyuni.

Alarcón destacó que el contrato firmado incluye una evaluación de impacto ambiental antes de avanzar con la construcción de las plantas.

“Una vez tengamos aprobado el contrato, vamos a realizar una evaluación de impacto ambiental. Este estudio se basa en datos precisos y determinará si existe o no una afectación directa o indirecta al medioambiente y al uso del agua por parte de las comunidades”, explicó.

Para ello se estima una inversión de entre $us 30 y $us 50 millones en la fase de factibilidad, que incluirá diseños finales y estudios complementarios. Solo después de este análisis se tomará la decisión de avanzar con la construcción del proyecto.

Vía AEP