Enfrentamientos en Cochabamba dejan policías heridos, detenciones y denuncias sobre uso de explosivos por parte de manifestantes.
La jornada del martes estuvo marcada por una escalada de violencia en el departamento de Cochabamba, epicentro de las protestas impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que 13 efectivos de la Policía resultaron heridos tras los enfrentamientos con manifestantes que bloquearon caminos utilizando explosivos, piedras y petardos.
Las movilizaciones, que desde hace días afectan el tránsito en varias regiones del país, se intensificaron con incidentes particularmente graves en el Valle Alto cochabambino. Según la versión oficial, la intención de estos grupos es presionar para lograr la habilitación de Morales como candidato a la Presidencia y obstaculizar las elecciones generales programadas para el 17 de agosto.
Uno de los hechos más alarmantes se registró cuando una mujer policía fue secuestrada durante los disturbios. Ríos informó que se activó de inmediato un operativo de rescate que permitió liberar a la funcionaria, quien actualmente se encuentra bajo observación médica debido a las lesiones sufridas.
“El uso de la violencia con fines políticos es inaceptable”, declaró el ministro en una conferencia de prensa. Agregó que el Ministerio Público debe iniciar procesos penales contra los autores de estos actos y aplicar las sanciones correspondientes. “La ley debe hacerse respetar y nadie puede situarse por encima de ella”, enfatizó.
En paralelo, 15 personas fueron aprehendidas en el contexto de los bloqueos, acusadas de protagonizar disturbios, atentar contra la seguridad del Estado y poner en riesgo la integridad de los funcionarios policiales. Ríos reiteró que los bloqueos no tienen un carácter reivindicativo o social, sino que responden a una estrategia política que busca desestabilizar el proceso electoral.
El comandante general de la Policía Boliviana, general Augusto Russo, brindó un informe adicional sobre los operativos de control ejecutados en los últimos días. Detalló que entre el 20 de mayo y la fecha, se logró incautar un importante volumen de material explosivo en cuatro operativos diferentes, especialmente en el departamento de La Paz.
Entre lo decomisado se cuentan 41.100 fulminantes o detonadores, 777 cartuchos de dinamita, 555 fulminantes armados con mecha y más de 500 metros de mecha lenta. “Este arsenal tenía como destino alimentar los puntos de bloqueo y aumentar el nivel de confrontación”, alertó Russo, visiblemente preocupado por el potencial destructivo del material incautado.
El alto jefe policial sostuvo que estos elementos no tienen ninguna justificación en una protesta civil y que su posesión y traslado representan un grave delito. Además, indicó que las investigaciones continúan para identificar a las redes que estarían encargadas de distribuir este tipo de insumos a los sectores movilizados.
Las protestas, promovidas principalmente por el ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), ponen al país en una situación de alerta. Los puntos de bloqueo han generado cortes de ruta, complicaciones en la logística de alimentos y combustibles, y una creciente tensión en la ciudadanía.
En medio de este panorama, el Gobierno reiteró su compromiso de preservar el orden constitucional y garantizar el desarrollo de las elecciones generales en la fecha establecida. “No vamos a ceder ante presiones ilegítimas que buscan torcer la voluntad popular por la vía de la violencia”, aseguró Ríos.
Por su parte, diversas organizaciones sociales y cívicas han comenzado a pronunciarse en rechazo a las medidas de presión del evismo. Desde varios sectores se exige a las autoridades judiciales y al Tribunal Supremo Electoral que actúen con firmeza para evitar que el proceso electoral se vea contaminado por intereses particulares.
El país enfrenta, una vez más, el desafío de mantener la institucionalidad en un contexto de agitación política. La combinación de movilizaciones radicalizadas y uso de explosivos recuerda otros momentos de tensión en la historia reciente del país. Esta vez, sin embargo, la preocupación es mayor debido a la cercanía del proceso electoral.
El Gobierno ha reforzado los controles policiales en áreas críticas y desplegó operativos para prevenir nuevos hechos de violencia. No obstante, la posibilidad de que las protestas se extiendan o se tornen más agresivas en los próximos días sigue latente.
Mientras tanto, la población espera que las autoridades mantengan la firmeza necesaria para evitar un escalamiento mayor del conflicto y garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos bolivianos en un clima de paz y seguridad.
