El Decreto Supremo (DS) 4732, que tiene por objetivo prevenir cláusulas y prácticas comerciales abusivas, está vigente hace dos años, por lo que los cuestionamientos son de carácter político, señaló la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
“Es un decreto de hace dos años de vigencia y (el cuestionamiento) nos parece político, porque hace dos años está en vigencia y tiene solo un objetivo que es precisamente, que, en los contratos entre partes, no se tengan cláusulas que vaya en contra de la población”, dijo la autoridad gubernamental en conferencia de prensa.
El Decreto 4732, que está vigente desde junio de 2022, pone un alto a las cláusulas y prácticas comerciales abusivas en contratos de preventa de bienes inmuebles, su incumplimiento tiene sanciones administrativas, económicas o penales.
Esta norma está enfocada a resguardar, a proteger los derechos de usuarios y consumidores que demandan a veces el servicio de una inmobiliaria, para adjudicarse un bien inmueble o a veces demandan el bien inmueble, directamente.
“Quiero decirle a la población que no se deje engañar, que no estamos con ninguna intensión, como ha señalado la oposición, de querer tener un control o quitarle la propiedad privada”, exhortó Alcón.
La autoridad hizo esas aclaraciones ante versiones de actores políticos, dirigentes gremiales y el denominado “comité de defensa de la propiedad privada” de que supuestamente el DS 4732, es “lesivo a los derechos constitucionales”; sin embargo, hasta la fecha no se reportó quejas o perjuicios por dicha normativa.
