La declaratoria de prioridad nacional reactivó el proyecto vial del Aguaragüe, aunque la ausencia de financiamiento y la oposición de la Asamblea del Pueblo Guaraní mantienen incierto su futuro.
La declaratoria de prioridad nacional para la construcción del Túnel del Aguaragüe reactivó uno de los proyectos de infraestructura más esperados del Chaco tarijeño. Sin embargo, el Decreto Supremo 5648 solo resolvió el aspecto administrativo de la iniciativa, mientras permanecen sin respuesta dos obstáculos determinantes: la falta de financiamiento para ejecutar la obra y el rechazo que mantiene la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que advierte sobre posibles daños irreversibles a las fuentes de agua de la serranía.
El presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Gilberto Ponce, explicó que, durante la presentación oficial del proyecto, en la que participaron autoridades nacionales, representantes municipales y dirigentes regionales, se confirmó que el diseño técnico existe, pero no así los recursos para convertirlo en una realidad.
«El problema es que tenemos el proyecto, pero no hay financiamiento. Nos podemos llenar de proyectos, pero si no existen los recursos, nunca se ejecutan», afirmó el dirigente cívico al referirse a la situación actual de la iniciativa.
Ponce recordó que uno de los principales requisitos para avanzar consistió en obtener la normativa que permitiera desarrollar el proyecto dentro de un área protegida, procedimiento que ya fue cumplido con la aprobación del Decreto Supremo 5648. Sin embargo, sostuvo que la etapa más compleja recién comienza: conseguir los recursos económicos necesarios para iniciar la construcción.
La información presentada por el Gobierno establece que la inversión requerida ronda entre 28 y 50 millones de dólares, dependiendo de la actualización del estudio a diseño final. Hasta el momento no se definió qué instancia asumirá ese financiamiento ni si será cubierto íntegramente por el Estado o mediante créditos de organismos internacionales.
«Lo que nos dijeron es que ahora viene la segunda etapa, que consiste en conseguir el financiamiento. Esa es la duda que nos queda, porque proyectos tenemos muchos, pero muy pocos llegan a ejecutarse», señaló Ponce.
El dirigente manifestó que la búsqueda de financiamiento externo será determinante para impedir que el túnel se sume a la lista de proyectos que permanecen durante años únicamente en documentos y anuncios oficiales.
También pidió que la prioridad otorgada al Túnel del Aguaragüe alcance a otras obras consideradas estratégicas para el Chaco, entre ellas el Puente Yasma, cuya infraestructura presenta deterioro y demanda una intervención urgente por razones de seguridad.
Desde la perspectiva regional, el Comité Cívico sostiene que el túnel permitiría mejorar la conexión vial del sur del país, reducir tiempos de viaje, incrementar la seguridad en uno de los tramos más complicados de la carretera y fortalecer la posibilidad de que el Corredor Bioceánico utilice la ruta que atraviesa el Chaco tarijeño. Ponce advirtió que, sin inversiones sostenidas en infraestructura y mejores condiciones de transitabilidad, Bolivia corre el riesgo de perder competitividad frente a otros corredores internacionales.
No obstante, el proyecto enfrenta un segundo desafío que podría resultar tan complejo como el financiero. La Asamblea del Pueblo Guaraní ratificó públicamente su rechazo a la obra al considerar que la perforación de la serranía pondría en riesgo los acuíferos que abastecen de agua al Chaco.
La dirigencia indígena sostiene que la Serranía del Aguaragüe constituye la principal reserva hídrica de la región y advierte que una alteración de los flujos subterráneos podría afectar de forma irreversible las fuentes de agua que abastecen a las comunidades, además de agravar las sequías que ya afectan al territorio.
La APG también cuestiona que el proyecto avance sin que, según su criterio, se haya cumplido plenamente el derecho a la consulta previa establecido para intervenciones en territorios indígenas. A ello suma la preocupación por las consecuencias que una modificación del sistema hídrico tendría sobre la producción agrícola y la seguridad alimentaria de las familias guaraníes.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el Decreto Supremo 5648 mantiene intacta la categoría de protección del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Aguaragüe y dispone que la obra deberá cumplir toda la normativa ambiental vigente. Paralelamente, la Administradora Boliviana de Carreteras anunció la reanudación del estudio a diseño final, que incluirá la evaluación socioambiental, medidas de mitigación y compromisos relacionados con el manejo de las aguas drenantes antes de gestionar los recursos para la construcción.
TÚNEL AGUARAGÜE NACE SIN RECURSOS Y ENFRENTA RECHAZO INDÍGENA
