El exdiputado cuestionó cualquier intento de modificar la conducción de la Fiscalía mediante una causa penal y pidió respetar los procedimientos establecidos por la Constitución.

El exdiputado Tomás Monasterio advirtió que una investigación penal no debe convertirse en una vía para modificar la conducción del Ministerio Público al margen de las normas que regulan esa institución.
La posición fue expresada mediante sus redes sociales, donde sostuvo que cualquier denuncia o proceso debe avanzar con pruebas y bajo control de la Justicia, sin utilizarse como argumento para remover autoridades o someter a la Fiscalía a intereses políticos.
“QUE SE INVESTIGUE A QUIEN CORRESPONDA”
Monasterio planteó que las responsabilidades deben establecerse dentro de un proceso legal. “Que se investigue a quien corresponda. Que se presenten pruebas. Que la Justicia determine responsabilidades. Nadie está por encima de la ley”, escribió.
Sin embargo, marcó una diferencia entre investigar posibles delitos y utilizar una investigación para alterar la estructura institucional del Ministerio Público.
“Una investigación penal no puede convertirse en una toma política del Ministerio Público”, señaló el exlegislador, al advertir que las autoridades de esa institución deben actuar conforme a las competencias y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes.
ADVIERTE SOBRE RESPONSABILIDADES POSTERIORES
Monasterio sostuvo que una eventual intervención política de la Fiscalía tendría consecuencias que superarían a las personas involucradas en una investigación.
“Si el Gobierno cruza esa línea, el problema deja de ser una persona. El problema pasa a ser el orden constitucional”, afirmó.
También señaló que el Ministerio Público no pertenece a un presidente, partido político o mayoría circunstancial, sino que sus autoridades y atribuciones están sujetas al marco constitucional.
En su pronunciamiento, defendió además el derecho ciudadano a reclamar mediante mecanismos pacíficos cuando considere que existe una vulneración institucional.
“No impunidad. No captura política de la Justicia. No poder por encima de la Constitución”, escribió.
Finalmente, sostuvo que quienes ejerzan funciones públicas deberán responder por sus actuaciones si se determina que incurrieron en excesos.
“Los cargos pasan. Las responsabilidades quedan”, remarcó.