La denuncia sobre una presunta recaudación millonaria para definir la jefatura policial sigue sin una acción judicial conocida, mientras aumentan las presiones para esclarecer los hechos.
La presunta existencia de una recaudación de $us 2 millones para influir en la designación del próximo Comandante General de la Policía Boliviana continúa generando repercusiones políticas e institucionales. Las declaraciones atribuidas al comandante general, Mirko Sokol, no fueron acompañadas de una denuncia pública ante el Ministerio Público ni de la presentación de pruebas que respalden la acusación. La falta de explicaciones oficiales abrió nuevos cuestionamientos sobre el manejo del caso y motivó pedidos de investigación desde distintos frentes políticos.
UNA DENUNCIA QUE SIGUE SIN FORMALIZARSE
El caso tomó estado público tras difundirse un audio en el que el comandante general afirma que un grupo de oficiales, identificado como «los Golden», habría reunido $us 2 millones para favorecer el ascenso de un coronel a la máxima jefatura policial.
La gravedad de la afirmación colocó bajo observación los procesos internos de designación dentro de la Policía Boliviana. Sin embargo, hasta el momento no se conoce que la denuncia haya sido formalizada ante el Ministerio Público, tampoco se informó sobre la apertura de un proceso disciplinario interno ni se difundieron elementos probatorios que sustenten las declaraciones.
La ausencia de actuaciones oficiales mantiene abiertas dos interrogantes centrales: si existen pruebas, por qué no fueron remitidas a la Fiscalía; y si no existen, cuál es el respaldo de una acusación realizada por la máxima autoridad policial.
EL SILENCIO MARCA EL DESARROLLO DEL CASO
Mientras las reacciones aumentan, tanto el comandante Mirko Sokol como el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, evitaron pronunciarse nuevamente sobre el contenido del audio.
La falta de una explicación oficial se convirtió en uno de los aspectos más cuestionados por legisladores y exautoridades, quienes consideran que un hecho de semejante magnitud requiere respuestas institucionales inmediatas.
El caso también adquiere relevancia porque involucra directamente el mecanismo mediante el cual se designa a la principal autoridad policial, un proceso que depende del Órgano Ejecutivo.
VICEPRESIDENTE EXIGE ESCLARECER LA DENUNCIA
El vicepresidente Edmand Lara fue una de las primeras autoridades en reaccionar públicamente. Cuestionó que el comandante se limite a mencionar la existencia de una supuesta red sin acudir a las instancias judiciales.
«Aquí no basta con filtrar audios, comandante, aquí hay responsabilidad», manifestó.
Lara también dirigió sus observaciones al ministro de Gobierno y preguntó si el Ejecutivo sostendrá la transparencia de los ascensos policiales frente a una denuncia que menciona pagos millonarios para acceder al máximo cargo de la institución.
Sus declaraciones incrementaron la presión sobre las autoridades encargadas de conducir la Policía Boliviana.
ASAMBLEA RECLAMA INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA
Las exigencias de investigación también surgieron desde la Asamblea Legislativa.
El jefe de bancada de Libre, Rafael López, afirmó que el Ministerio Público debe intervenir de oficio porque la denuncia ya fue difundida públicamente.
«El general Sokol lo que tiene que hacer es denunciar ante el Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que actuar de oficio sobre este delito que ya ha sido público de cohecho», sostuvo.
Desde el Gobierno, el vocero presidencial, Gálvez, aseguró que el Ejecutivo investigará las denuncias.
«Claro, absolutamente, al igual que todos los otros temas que son complicados», indicó, aunque no precisó qué instancia desarrollará esa investigación ni cuándo comenzará.
VERIFICAR EL AUDIO ANTES DE ESTABLECER RESPONSABILIDADES
Algunos legisladores consideran que el primer paso debe ser confirmar la autenticidad del audio atribuido al comandante.
El diputado Roger Blanco afirmó que todavía no existe una certificación oficial del material y pidió que la investigación avance independientemente del resultado.
«La investigación tiene que ser para bien o para mal, o para ver si el audio es real o es falso», señaló.
Agregó que, si la grabación fuera falsa, deberá identificarse a quienes elaboraron o difundieron el material. En cambio, si se confirma su autenticidad, corresponderá esclarecer quiénes integraban el grupo mencionado por el comandante y verificar la existencia de la presunta recaudación.
El jefe de bancada de Creemos, Rony Justiniano, coincidió en que primero debe determinarse la autenticidad del audio antes de avanzar hacia otras responsabilidades.
EXDIPUTADOS APUNTAN AL EJECUTIVO
Las repercusiones también alcanzaron a exautoridades legislativas.
El exdiputado Anyelo Céspedes solicitó investigar tanto la denuncia sobre la presunta venta de ascensos como el procedimiento mediante el cual Mirko Sokol llegó a ocupar la Comandancia General.
Por su parte, Tomás Monasterios sostuvo que una eventual confirmación de pagos para acceder a cargos públicos revelaría un problema estructural dentro de la administración estatal.
«Si hay plata de por medio para comprarse espacios, se entiende que esto ya no lo ven como un instrumento de servicio, sino como una herramienta para la captación de recursos. Nadie va a poner plata gratis», manifestó.
Monasterios añadió que la Policía se encuentra bajo dependencia del Gobierno nacional y afirmó que corresponde al presidente Rodrigo Paz ordenar las acciones necesarias para esclarecer los hechos denunciados.
TAMBIÉN APARECEN DENUNCIAS PREVIAS
El diputado Rolando Pacheco cuestionó que el comandante general hable ahora sobre presuntas irregularidades cuando, según afirmó, existen denuncias anteriores que continúan pendientes.
«El general Sokol que no se haga el santo, él igual está metido en los diferentes actos de corrupción», declaró.
Pacheco informó que presentó dos denuncias penales contra el comandante y pidió al Ministerio Público actuar con objetividad para determinar responsabilidades.
Asimismo, sostuvo que la lucha contra la corrupción dentro de la Policía no muestra resultados concretos y cuestionó la diferencia en el tratamiento de distintos casos denunciados dentro de la institución.
SILENCIO DEL GOBIERNO ALIMENTA ESCÁNDALO EN LA POLICÍA
