Los privados de libertad reclaman alimentos y movilidad para acudir a sus audiencias, mientras familiares denuncian restricciones de ingreso y esperan respuestas de las autoridades departamentales.

La falta de pago de los prediarios volvió a generar tensión en el centro penitenciario de varones Mocoví, donde los privados de libertad reclamaron por los recursos destinados a su alimentación y exigieron atención a otras necesidades del recinto.
Los representantes de los internos sostienen que la Gobernación del Beni acumula una deuda de cuatro meses por concepto de prediarios. La Defensoría del Pueblo confirmó su presencia en el penal para realizar seguimiento a la protesta y pidió a las autoridades encontrar una solución que garantice la provisión de alimentos.
RECLAMOS ALCANZAN AL TRANSPORTE
Los internos también plantearon la necesidad de contar con un vehículo para trasladarse a sus audiencias judiciales. Según sus representantes, la ausencia de transporte dificulta el cumplimiento de las diligencias programadas por los juzgados.
La protesta provocó momentos de tensión dentro del recinto. Algunos internos rompieron rejas y avanzaron hasta sectores restringidos, lo que generó preocupación por un posible intento de salida hacia la avenida. Ante esa situación, efectivos policiales ingresaron al penal para contener a los manifestantes y restablecer el control.
La situación también repercutió en los familiares. Personas que llegaron desde distintos municipios denunciaron que no pudieron ingresar para visitar a los internos ni entregarles alimentos.
“Dicen que no les han dado de comer, estamos preocupados porque no podemos entrar a dejar nada y verlos a ellos”, relató una madre que permanecía en las afueras del centro penitenciario.
Otra familiar contó que había viajado desde Rurrenabaque junto con su madre para visitar a su hermano, pero encontró restringido el ingreso.
Mientras continuaban los reclamos, una fuente extraoficial informó sobre una reunión de autoridades en la Gobernación del Beni para buscar una salida al problema.
Hasta el cierre de esta información, la Gobernación no había emitido un pronunciamiento público sobre el monto pendiente, el cronograma de pago de los prediarios ni la solicitud de transporte para las audiencias.