Productores, transportistas, cívicos y organizaciones sindicales anuncian medidas contra el precio del diésel, mientras el Gobierno advierte sobre una posible ampliación de las restricciones vigentes.

La presión contra el Decreto Supremo 5676 se extiende entre organizaciones productivas, sindicales y de transporte, que cuestionan el precio de Bs 18 por litro para grandes consumidores de diésel y reclaman la abrogación de la norma. En Santa Cruz ya se anunciaron bloqueos, el Comité Cívico analiza una Asamblea de la Cruceñidad y otros sectores anticipan protestas.
El conflicto se desarrolla mientras permanece vigente el estado de excepción dispuesto por el Gobierno el 20 de junio por un periodo de 90 días. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, señaló que una prolongación podría ser considerada si continúan las amenazas de movilización y acciones que, según el Ejecutivo, afectan el Estado de derecho.
La eventual ampliación genera rechazo entre dirigentes que sostienen que las restricciones no pueden impedir las medidas de protesta que preparan para reclamar por el abastecimiento y costo del combustible.
SAN JULIÁN FIJA FECHA PARA BLOQUEAR CARRETERAS
Las organizaciones sociales y productivas de San Julián anunciaron un bloqueo de carreteras de 24 horas para este miércoles. La decisión fue tomada durante un ampliado y cuenta con el respaldo del alcalde Carlos Vaca.
El reclamo está dirigido principalmente contra el DS 5676 y las condiciones establecidas para acceder al diésel destinado a determinados consumidores.
Los productores cuestionan que el volumen de 120 litros mensuales de combustible subvencionado resulte insuficiente para las labores agrícolas. La preocupación adquiere mayor importancia durante la campaña de invierno de girasol y sorgo, actividades que requieren combustible para maquinaria y transporte.
“Con 120 litros no hacemos nada en el sector productivo”, afirmó una representante durante el ampliado.
Las organizaciones también denunciaron problemas para conseguir diésel y pidieron que representantes del Gobierno se trasladen hasta San Julián para explicar la aplicación del decreto.
El alcalde Carlos Vaca respaldó las demandas y confirmó su apoyo a la protesta.
“Como autoridad también nos ponemos al lado del pueblo”, señaló.
CÍVICOS PREPARAN UNA RESPUESTA
El Comité Cívico pro Santa Cruz mantiene el pedido de abrogación del DS 5676 y estableció un plazo hasta este domingo para que el Gobierno atienda la demanda del sector productivo.
El primer vicepresidente de la organización, Agustín Zambrana, aseguró que la dirigencia considera terminado el tiempo concedido al Ejecutivo.
“Se agotó el tiempo, ¡se acabó la paciencia!”, declaró.
Zambrana anticipó que el directorio cívico podría reunirse durante esta semana para analizar la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad. También mencionó un posible cabildo como otra alternativa.
Respecto a un paro, indicó que todavía no existe una decisión definida.
El dirigente cuestionó la actuación de los ministros y reclamó al presidente una respuesta que permita resolver el problema del combustible.
También planteó que Santa Cruz buscará mecanismos para garantizar el abastecimiento y sostuvo que existe preocupación por el efecto de las medidas sobre las actividades productivas.
TRANSPORTE PESADO REPORTA FILAS DE HASTA TRES DÍAS
Las dificultades para encontrar diésel también afectan al transporte pesado. Nelson Carrillo, primer secretario de la Federación del Transporte Pesado, informó que los conductores deben esperar durante largos periodos para acceder al combustible.
“Llegamos a hacer fila hasta 72 horas para cargar diésel”, afirmó.
La organización permanece en emergencia y analiza coordinar acciones con otros sectores. Carrillo señaló que el transporte está dispuesto a participar en medidas de presión si recibe una convocatoria.
“Si nos llaman para que apoyemos, lo vamos a hacer con bloqueos, fronteras, todo”, advirtió.
La Confederación de Choferes de Bolivia también anunció movilizaciones, aunque sus reclamos abarcan tanto el abastecimiento de diésel como el estado de las carreteras.
El dirigente Lucio Gómez informó que las protestas serán activadas después de que termine el estado de excepción.
“Por la mala calidad de las carreteras que tenemos en este momento, el transporte ha determinado que, una vez concluido el Estado de excepción, lo decimos públicamente: nos verán en las calles, estaremos protestando”, manifestó.
Gómez sostuvo que la protesta busca atención a las necesidades del transporte y no una confrontación con el Gobierno.
TÚPAC KATARI NO DESCARTA INCUMPLIR LA MEDIDA
La Federación Túpac Katari analiza movilizaciones por la falta de combustible. Su ejecutivo, Rolando Choque, señaló que las bases todavía evalúan las alternativas, pero reconoció que existe la posibilidad de desconocer las restricciones.
“Posiblemente vamos a movilizarnos, tal vez se va a romper el estado de excepción, pero estamos todavía en ese análisis”, expresó.
El dirigente también alertó sobre un posible incremento de las protestas si no se encuentra una solución al problema del diésel.
La advertencia se suma a los anuncios realizados por transportistas y productores, que preparan acciones en distintos puntos del país.
GOBIERNO DEFIENDE LA CONTINUIDAD DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, sostuvo que la medida excepcional continúa vigente y que podría ampliarse si persisten amenazas de movilización que, según el Ejecutivo, buscan afectar la institucionalidad.
“El estado de excepción tiene una vigencia plena en este momento y, si seguimos con estas amenazas, con estas acciones que van en contra de la vigencia del Estado de derecho y el respeto a lo que es el estado de excepción, claro que tiene que ampliarse”, declaró.
La medida fue establecida por 90 días y su plazo concluye en septiembre. Una eventual ampliación debe seguir el procedimiento previsto por la normativa y requiere autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
MAESTROS RURALES RECHAZAN UNA EXTENSIÓN
El Magisterio Rural cuestionó específicamente la posibilidad de prolongar el estado de excepción. El ejecutivo de la Federación de Maestros Rurales, Juan Carlos Mamani, anunció que su sector se opondrá a una ampliación.
“Nosotros somos respetuosos de la Constitución Política del Estado y obviamente no vamos a permitir que haya una ampliación en este estado de excepción, porque también es atentatorio contra los derechos de la sociedad boliviana”, afirmó.
Mamani sostuvo que, si el Ejecutivo decide extender la medida, el Magisterio consultará con sus representantes y bases antes de definir acciones.
El dirigente también advirtió sobre la posibilidad de desconocer las restricciones.
“Va a tener que romperse ¿No? También el Gobierno está yendo a ese camino”, manifestó.
Los anuncios dejan planteado un escenario de nuevas movilizaciones por el DS 5676, con demandas diferentes entre productores, transportistas y organizaciones sindicales, mientras el Gobierno sostiene la posibilidad de prolongar el estado de excepción ante nuevas medidas de presión.