El volumen retirado por el Estado alcanza 154 de 230 millones de litros comprometidos para 2025. Dirigentes confirman reuniones con YPFB ante versiones de reducción en la mezcla.
Las organizaciones cañeras del norte cruceño activaron estado de emergencia tras verificar que la compra estatal de etanol no cubre el volumen establecido en los contratos vigentes para 2025. La información fue confirmada por la dirigencia sectorial con cifras concretas: de 230 millones de litros acordados, se retiraron 154 millones.
El dato fue expuesto por la Unión Agroindustrial de Cañeros (Unagro), que sostiene que el 34% restante aún no fue recogido. El presidente de la entidad, Beltrán Flores, precisó que el compromiso firmado obliga al Estado a adquirir la totalidad del volumen pactado durante la presente gestión. La diferencia equivale a 76 millones de litros pendientes.
La producción de caña responde a planificación anual y a compromisos financieros asumidos antes de la zafra. Cada hectárea cultivada implica inversión en insumos, riego, corte y transporte hacia los ingenios. Según registros del sector, alrededor de 8.000 familias dependen directamente de esta actividad en la región norte de Santa Cruz. La reducción en la compra impacta en la capacidad de cubrir créditos productivos y costos operativos.
La Confederación Nacional de Cañeros de Bolivia (Concabol), presidida por Óscar Arnez, confirmó que el contrato suscrito establece incrementos progresivos en la absorción de etanol, no recortes. La dirigencia anunció reuniones con ejecutivos de YPFB y autoridades del área energética para revisar el cumplimiento del documento.
La alerta se produjo luego de declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, quien mencionó la posibilidad de disminuir la proporción de etanol en la gasolina ante reportes públicos sobre fallas mecánicas. Representantes técnicos del sector rechazaron esa vinculación y señalaron que el etanol anhidro se incorpora a la gasolina desde hace siete años sin informes oficiales que atribuyan daños estructurales al biocombustible.
El estado de emergencia fue formalizado en instancias internas del sector productivo. Las organizaciones mantienen coordinación permanente mientras esperan definiciones oficiales sobre el volumen restante. El planteamiento institucional es concreto: cumplimiento del contrato vigente y estabilidad para la cadena productiva que integra agricultores, ingenios, transportistas y trabajadores rurales.