Nuevos antecedentes de la investigación penal en Arica mantienen abiertas las dudas sobre los cargamentos de madera boliviana, mientras las autoridades de ambos países sostienen posiciones completamente opuestas.
Con datos de www.elmostrador.cl
La investigación que impulsa la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota continúa incorporando antecedentes que respaldan la hipótesis de que cargamentos de madera exportados desde Bolivia contenían sustancias controladas. De acuerdo con información surgida durante las diligencias, el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile analizó más de 500 muestras obtenidas de la carga retenida y determinó que el 98% dio positivo a clorhidrato de cocaína, pasta base y ketamina.
Estos resultados aparecen en un momento en que el Gobierno boliviano sostiene que no existen elementos suficientes para afirmar que la madera exportada fue utilizada como medio para el tráfico internacional de drogas. La diferencia entre ambas posiciones mantiene abierto un conflicto que ya trascendió el ámbito judicial y alcanzó el plano político y diplomático.
La Fiscalía chilena optó por mantener reserva sobre la investigación. A través de un breve comunicado informó que el proceso continúa desarrollándose y que no realizará declaraciones adicionales mientras prosigan las diligencias. Pese al silencio institucional, distintos antecedentes permiten reconstruir el trabajo realizado antes de que se conocieran los resultados del laboratorio.
La indagación comenzó con el examen de los documentos que acompañaban las exportaciones. Esa revisión permitió detectar inconsistencias que derivaron en un control más exhaustivo sobre determinados contenedores. Posteriormente, los cargamentos fueron inspeccionados con perros especializados en detección de drogas, cuyos marcajes alertaron sobre la posible presencia de sustancias ilícitas.
Luego se aplicaron pruebas rápidas y, finalmente, especialistas extrajeron muestras de la madera para remitirlas al Instituto de Salud Pública, organismo encargado de realizar los análisis científicos que forman parte del expediente de la investigación.
Las diferencias entre esos resultados y las pericias efectuadas en Bolivia llevaron al fiscal regional a trasladarse hasta Santiago para conocer directamente el procedimiento empleado por el ISP. Según los antecedentes disponibles, la metodología utilizada por el laboratorio chileno no coincide con la aplicada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), aspecto que figura entre las posibles explicaciones de las conclusiones divergentes alcanzadas por ambos países.
Durante el desarrollo del caso también trascendió que la Drug Enforcement Administration (DEA) planteó la posibilidad de efectuar análisis paralelos sobre las muestras. La Fiscalía Regional no acogió esa solicitud y prefirió mantener el procedimiento ya establecido, aunque ofreció mostrar las instalaciones y los protocolos técnicos utilizados por el Instituto de Salud Pública para garantizar la transparencia del proceso.
Mientras la investigación avanza en Chile, las autoridades bolivianas reforzaron la defensa del sector exportador. El presidente Rodrigo Paz Pereira cuestionó que se difundieran los hallazgos antes de que existiera, según afirmó, una demostración suficiente de responsabilidad. «El daño que se ha hecho es muy grande», sostuvo al anunciar medidas orientadas a reparar la afectación sufrida por la industria maderera nacional.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, expresó una posición similar. Indicó que las investigaciones realizadas por Bolivia aún no establecen que hubiera tráfico de sustancias controladas mediante cargamentos de madera y aseguró que continúan desarrollándose pericias nacionales e internacionales. «No queremos ser irresponsables con aquellas personas que ponen el hombro al país», manifestó.
La respuesta desde Chile no tardó en llegar. El delegado presidencial de Arica descartó ofrecer disculpas institucionales y afirmó que las 1.080 toneladas de madera permanecen bajo investigación judicial. Además, rechazó la comparación entre los estudios efectuados sobre la carga retenida y las pruebas realizadas en aserraderos bolivianos.
«Los análisis que dieron negativo se hicieron en aserraderos bolivianos, no sobre la carga que está retenida en territorio chileno. Es decir, comparan peras con manzanas y después salen a exigir disculpas que no corresponden», declaró.
Las diferencias también alcanzaron a las autoridades encargadas de la seguridad. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes Muñoz, cuestionó públicamente la actuación del fiscal regional chileno, mientras desde Arica se mantiene la decisión de continuar las investigaciones sin emitir nuevas declaraciones hasta que concluyan las diligencias previstas por el Ministerio Público.
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