Comunidades locales, Defensoría del Pueblo y organizaciones cívicas denuncian ingreso policializado de Petrobras, procesos penales contra comunarios, ausencia de consulta previa y exigen respeto a derechos ambientales vigentes nacionales internacionales.

El ingreso de personal y maquinaria de Petrobras Bolivia a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía provocó un rechazo público y sostenido de las comunidades del territorio, así como de organismos de defensa de derechos humanos y sectores cívicos del departamento de Tarija. La oposición se expresó tras operativos policiales que habilitaron el acceso al área donde se proyecta el pozo exploratorio Domo Oso X-3, en el cantón Chiquiacá, municipio de Entre Ríos.

De acuerdo con información recogida en el lugar, la intervención policial se registró durante dos jornadas consecutivas en el sector de la Quebrada Las Vacas, punto donde comunarios mantienen una vigilia permanente desde el 8 de diciembre de 2025. La medida fue instalada por el Comité de Defensa de Tariquía como acción pacífica para impedir el avance de actividades hidrocarburíferas dentro de un área protegida de importancia ecológica y social.

Comunarios y representantes ambientales señalaron que el operativo permitió el ingreso de la empresa pese a la oposición expresa de las familias que habitan la reserva y sus alrededores. Indicaron que la zona intervenida forma parte de áreas de recarga hídrica que abastecen de agua a comunidades campesinas, actividades productivas y ganado, razón por la cual consideran que la exploración representa un riesgo directo para su subsistencia.

La defensora ambiental Nelly Coca informó que, tras los hechos, 17 comunarios fueron notificados con procesos penales por presuntos delitos como asociación delictuosa, impedir el ejercicio de funciones y otros relacionados con la protesta. Según su testimonio, estas acciones judiciales se suman a episodios de uso de la fuerza y hostigamiento durante la vigilia. Coca señaló que abogados particulares ofrecieron asumir la defensa legal de los comunarios de forma gratuita.

La Defensoría del Pueblo confirmó que realiza seguimiento al caso y se constituyó en el municipio de Entre Ríos para verificar la situación en el territorio. La delegada departamental de Tarija, Cecilia Bolívar, informó que la presencia institucional responde a instrucciones del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, con el objetivo de recabar información directa, evaluar la actuación policial bajo criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y constatar el estado físico de las personas movilizadas.

Durante la verificación defensorial se constató la participación de mujeres y personas adultas mayores de origen campesino en la vigilia. Asimismo, se corroboró la existencia de notificaciones formales a 17 personas con nuevos procesos penales. La institución señaló que mantiene acompañamiento permanente y seguimiento a la situación jurídica de defensoras y defensores de derechos humanos vinculados a la defensa ambiental en Tariquía.