Las incongruencias del oficialismo y las mentiras en la ruptura de contratos apuntan a una estrategia de desvío de atención, mientras la población sigue cargando combustible de baja calidad que destruye sus motorizados.
La Red de Medios Amazónico Chaqueños elaboró un resumen informativo de las acusaciones y contracusaciones que mantienen en vilo al sector hidrocarburífero boliviano. Lo que comenzó como una denuncia por gasolina de mala calidad se transformó en un laberinto de señalamientos cruzados, cambios de versión y un desfile de responsables que el Gobierno rotó sin presentar pruebas concluyentes.
Una semana de declaraciones, denuncias, contradenuncias, amenazas de romper contratos y promesas de soluciones no logró resolver el problema de fondo: el combustible que llega al país sigue dañando los vehículos de los bolivianos. Ahora el diésel también presenta anomalías, según reportes de transportistas.
EL GARAJE ABANDONADO Y LA MENTIRA DEL GOBIERNO
Transportistas cisterneros desmintieron al presidente Rodrigo Paz tras las acusaciones oficiales que señalaban al sector de mezclar gasolina y diésel con agua y aceite sucio. Desde un garaje en Arica, Chile, un conductor evidenció en un video que las autoridades faltan a la verdad.
El chofer mostró el lugar donde fue entrevistado otro conductor que apareció en grabaciones difundidas por el ministro de Gobierno, a quien calificó como “prácticamente un conductor pagado”. El transportista añadió: “todo eso queremos desmentir”.
Acto seguido, exhibió un supuesto tanque que las autoridades señalaron como depósito de compra de combustible. Su aclaración fue contundente: “Han mostrado en las imágenes que esto es un depósito de compra de combustible, pero no es así; aquí podemos corroborar que esto está abandonado”.
En el mismo video, el conductor mostró la acumulación de cisternas que esperan cargar combustible. “Estamos más de 20 días para poder cargar porque no tenemos visto de carga”, explicó. Las cisternas son precintadas con medidas de seguridad una vez abastecidas por las empresas, lo que llevó al chofer a cuestionar: “No me explico en qué momento nosotros los cisterneros vamos a hacer ese llenado de agua, con aceite sucio, si tenemos controles de calidad en cada terminal”.
Su indignación fue explícita: “¿cómo es posible que este gobierno nos esté tildando a nosotros como delincuentes? Esa es la peor mentira, nos sentimos indignados por esta acusación, nos sentimos mal, nos dejan como los malos de la película pero no es así. Este gobierno de turno quiere lavarse las manos de la millonaria estafa que están haciendo a la población boliviana”.
LOS CHOFERES EXIGEN CABEZAS
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, Víctor Tarqui, puso en duda el discurso oficial sobre la investigación al ingreso de 150 millones de litros de combustible de mala calidad. La organización ya había denunciado este hecho con anterioridad.
“Alguien está tratando de desviar la información, o está queriendo tapar el combustible de mala calidad”, sostuvo Tarqui, quien aseguró que “no nos van a sorprender de ninguna manera y vamos a aceptar los transportistas”.
El dirigente fue más allá y pidió al Gobierno no encubrir a los responsables. Consideró que el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, ya debe ser destituido. “A semejante error que han cometido y destrozos a las movilidades tiene que rodar cabezas, no se les puede perdonar estos errores”, sentenció. Tarqui dijo no creer “que el gobierno central esté encubriendo a los responsables, entonces tiene que salir”.
TRAFIGURA CONTRADICE AL EJECUTIVO
La transnacional Trafigura respondió al anuncio del Gobierno boliviano sobre la supuesta suspensión de contratos para la provisión de gasolina y aseguró que sus acuerdos con YPFB “siguen vigentes”. La declaración profundizó la polémica por combustible de mala calidad que causó daños a vehículos en el país.
Un vocero de Trafigura aclaró que los contratos suscritos con YPFB “no se refieren al suministro de gasolina”, según un reporte de Reuters, marcando distancia con la versión oficial difundida por el Ejecutivo.
La empresa sostuvo que ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales y que no ha recibido observaciones por parte de la estatal boliviana. “Trafigura siempre ha cumplido íntegramente con sus obligaciones contractuales y no ha recibido quejas ni reclamos de YPFB relacionadas con la calidad del producto ni con ningún otro asunto. Los contratos siguen vigentes y no han sido suspendidos”, afirmó el vocero.
El pronunciamiento surgió luego de que el martes pasado, el ministro Medinaceli anunciara la suspensión de contratos vinculados a la provisión de gasolina con Trafigura y Vitol.
SOLICITUDES DE INFORMES Y SOSPECHAS DE ENCUBRIMIENTO
La diputada de Libre, Adriana Jiménez, informó que presentó diez solicitudes de informe dirigidas a distintas instituciones, entre ellas la Policía y gobiernos municipales. El objetivo es “que se remita la nómina de vehículos dañados por la mala gasolina; queremos saber el monto exacto que se está gastando en cada institución, ellos no van a aplicar al resarcimiento, ellos van a sacar los recursos internos de cada institución para cubrir los gastos”.
Jiménez aseguró que estarán atentos a la respuesta, pero expresó su sorpresa por los rulos criminales que acusa el Gobierno, ya que YPFB emite certificación de la calidad del combustible. “Aquí algo huele mal y no es la gasolina basura; nos están mintiendo”, enfatizó.
EL AGUA Y EL ACEITE NO SE MEZCLAN: EL ARGUMENTO TÉCNICO QUE TUMBA LA VERSIÓN OFICIAL
El asesor técnico de la Federación de Transporte 16 de Noviembre y especialista en hidrocarburos, René Quiroz, calificó la versión oficial sobre la supuesta adulteración de gasolina con agua y aceite como inviable. Criticó que autoridades sin conocimiento técnico se pronuncien sobre el tema.
“Cualquier ciudadano común sabe que el agua y el aceite no se mezclan. Están en la desesperación de los errores cometidos y hacen acusaciones indebidas hacia gente inocente que trabaja día a día transportando combustible”, afirmó Quiroz.
El especialista advirtió que los motores continúan reportando daños por combustible de mala calidad y anunció que la Federación presentó acciones legales contra la administración de la estatal. “Se han hecho tres demandas, una acción penal en Trinidad, una acción popular en Santa Cruz, y nosotros hemos presentado una acción penal contra las anteriores administraciones de YPFB. Esperamos que la justicia actúe”, concluyó.
Erlan Melgar, representante del transporte pesado de la Cámara del Oriente, calificó de “irracional” la versión de que se habría combinado agua con aceite. “¿Mil litros de agua combinado con aceite, que dicho sea de paso no se combinan, pesan lo mismo que mil litros de gasolina? Pregunto”, señaló.
Melgar subrayó que los camiones que prestan servicio a la petrolera estatal cuentan con seguimiento satelital, lo que deja en evidencia problemas internos de Yacimientos y falta de profesionalismo en el manejo del combustible. “Hay situaciones ajenas a la voluntad de los dueños de las empresas de transporte. Sin duda alguna hay ausencia de control en cuanto a los conductores, pero tampoco podemos responsabilizar a este sector por una situación que se prolonga desde hace seis meses. Las autoridades ya tienen absoluta responsabilidad sobre este tema”, concluyó.
EL LAPSUS PRESIDENCIAL
Sergio Kosky, presidente de la Federación de Cisterneros del Oriente de Santa Cruz, aplaudió las acciones del Estado, del Ministerio de Gobierno y del Ministerio Público para detectar y desarticular bandas delincuenciales dedicadas a la adulteración de combustible.
Sin embargo, observó que existió un “lapsus” por parte del presidente. “No se debió haber dicho, generalizando a todos los cisterneros como parte de una asociación delictuosa fue un error”. Kosky señaló que tuvieron un contacto con Rodrigo Paz: “no fue una disculpa, sino una aclaración que no hay ningún tipo de mala intención”.
Kosky explicó que los camiones cisterna que ingresan a plantas de almacenamiento están sujetos a estrictos controles durante el proceso de descarga. Las unidades son desprecintadas bajo supervisión, y la verificación del combustible se realiza en coordinación con funcionarios de YPFB y una empresa verificadora internacional.
LEVE MEJORA CON ADITIVOS, PERO AMENAZA DE PARO
Edson Valdez, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo de La Paz, informó que, tras las inspecciones realizadas en distintos surtidores, se percibe una leve mejora en la calidad del combustible. “Le han puesto aditivo, nada más”, explicó.
Esta apreciación surgió luego de verificaciones efectuadas junto a un laboratorio móvil de la ANH en varias estaciones de servicio, donde se tomaron muestras para evaluar la gasolina.
Valdez advirtió que aún persisten dudas sobre la calidad real del combustible y exigió al Gobierno garantizar el suministro que cumpla con los estándares establecidos. “Debe mejorar, ese ha sido el compromiso”. Señaló que, de continuar las fallas, el sector del transporte se verá obligado a asumir medidas de presión: “vamos a tener que generar conflictos hacia el Gobierno, no tenemos de otra”.
LA ADENDA QUE DESMIENTE LA SUSPENSIÓN
El Gobierno nacional incurrió en contradicciones tras anunciar la supuesta suspensión de contratos con proveedores de combustibles. Un comunicado oficial de YPFB confirmó que, en el caso de Vitol, no se rompió el vínculo contractual, sino que se firmó una adenda para endurecer los estándares de calidad.
Días después de que el ministro de Hidrocarburos, junto al presidente, informara sobre la suspensión de contratos, YPFB detalló que la empresa Vitol continúa operando bajo el contrato vigente. La estatal petrolera explicó que se acordó una modificación que establece límites más estrictos en los parámetros de calidad del combustible.
Según el documento, esta adenda no representa un costo adicional para el Estado y busca reforzar los controles en toda la cadena de suministro, desde la importación hasta la distribución final. La información oficial dejó en evidencia una falta de precisión en el anuncio inicial.
GARCÍA LINERA EN LA MIRA
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, afirmó que las investigaciones sobre presuntos hechos irregulares en YPFB identificaron vínculos del exvicepresidente Álvaro García Linera con una organización que habría operado dentro de la estatal con fines ilícitos. “Hay información de algunos saldos de alguna organización que tenía el señor García Linera y que en su momento van a ser informados. No es la única organización que tenía capturada Yacimientos; son también algunas otras organizaciones criminales”, sostuvo.
Paredes también se refirió a la aprehensión de Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce, señalando que su detención permitió acceder a información relevante. “Ha sido una suerte que se pueda capturar al señor Marcelo Arce Mosqueira porque, en la revisión de la documentación de su computadora y de sus celulares, se establece que él tenía comunicación bastante fluida con algunas personas de Yacimientos y de algunas empresas privadas. Esa investigación está en curso y en su momento presentaremos a la Fiscalía más demandas para que esto sea investigado”, indicó.
García Linera, quien ejerció la vicepresidencia durante casi 14 años junto a Evo Morales, mantiene un perfil bajo tras su retorno al país luego de su salida en la crisis de 2019. Su nombre surge por primera vez en este proceso investigativo.
DUDAS SOBRE LA TRANSPARENCIA
El jefe departamental del PDC, Limberg Olivera, expresó dudas sobre el accionar de las autoridades del área de Hidrocarburos tras el pronunciamiento de Trafigura. “Eso nos deja dudas respecto al accionar de las autoridades a cargo de Yacimientos y del ministro de Hidrocarburos, que no son honestos ni transparentes. Trafigura está diciendo que, hasta el momento, no le han notificado ni presentado ninguna queja sobre el combustible que vendió. Entonces, ¿a quién le creemos? A Trafigura, porque es una empresa internacional que vende a quienes le compran”, afirmó Olivera.
Pidió al presidente asumir acciones inmediatas para esclarecer el caso. “Le pedimos que tome cartas en el asunto y que sea transparente, porque pierde credibilidad no solo el Gobierno, sino el país ante organismos internacionales e inversores. No hay una investigación seria ni se muestran reportes o informes sobre este tema”, sostuvo.
LA EXCUSA MUTANTE
El expresidente Jorge Tuto Quiroga cuestionó las versiones oficiales sobre la mala calidad del combustible y afirmó que el Gobierno cambia constantemente de responsables sin esclarecer el problema de fondo. “Esto de que era uno, luego otro y ahora los cisterneros, es la excusa mutante”, señaló.
El exmandatario puso en duda la hipótesis de manipulación del carburante en miles de cisternas. “Mezclar agua con gasolina en millones de litros es una operación industrial masiva” y “hacer esto con cinco mil cisternas precintadas y volver a precintar implica una estructura enorme”, sostuvo. Apuntó a YPFB como responsable de toda la cadena: “Yacimientos contrata a los proveedores, contrata las cisternas y tiene el monopolio para importar, transportar, almacenar y distribuir combustible”.
Quiroga también criticó el cambio de versiones oficiales: “Le han echado la culpa a Arce, han militarizado plantas, luego a las gasolineras y ahora a los cisterneros”. Exigió transparencia y pidió publicar los contratos con Vitol y Trafigura. “Lo más sencillo es que publiquen todos los contratos y las especificaciones”, afirmó, advirtiendo que “están erosionando gravemente la credibilidad de la palabra presidencial” y que “la palabra presidencial es sagrada y hay que preservarla”.