Este miércoles se conoció una nueva demanda presentada en tribunales de El Alto, aunque aún no se han difundido los detalles del caso.
A tan solo 48 horas después del cierre de registro de candidaturas rumbo a las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrenta una creciente ola de demandas que amenaza con entorpecer el proceso.
En total, son diez los recursos judiciales que deben ser atendidos: cuatro en Santa Cruz, dos en La Paz, una en Beni y tres presentadas directamente ante el propio TSE.
“Esto preocupa y pone en riesgo el proceso electoral, sin duda alguna”, advirtió el vocal Tahuichi Quispe, quien cuestionó que las decisiones sobre el proceso estén siendo desplazadas hacia las salas constitucionales. “Aquí se le quita competencia al Órgano Electoral, parece que se quiere administrar el proceso desde otras instancias ajenas a su jurisdicción”, lamentó.
Procesos en curso
De las diez demandas presentadas, dos ya fueron resueltas. En Santa Cruz, una fue fallada a favor del presidente en ejercicio del TSE, Óscar Hassenteufel, mientras que la segunda fue retirada por su propio impulsor, Peter Beckhauser, quien desistió de una acción contra el Movimiento al Socialismo (MAS).
Sin embargo, Beckhauser continúa promoviendo otra demanda en Beni, esta vez contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS), que además enfrenta un segundo proceso interpuesto por Maciel Terrazas. La situación complica el panorama para esta organización política en ese departamento.
En Santa Cruz surgieron recientemente dos nuevas acciones legales que apuntan directamente contra las alianzas políticas Morena, encabezada por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y APB-Súmate, del alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa.
En ambas demandas, el denunciante Humberto Vidaurre observa que las personerías jurídicas de estos frentes fueron otorgadas sin haber cumplido con el requisito legal de ser aprobadas al menos 120 días antes de la elección, lo que, de comprobarse, podría inhabilitarlas.
Además, este miércoles se conoció una nueva demanda presentada en tribunales de El Alto, aunque aún no se han difundido los detalles del caso.
Demandas ante el propio TSE
A estas acciones judiciales se suman tres que fueron presentadas directamente ante el Tribunal Supremo Electoral, dos de ellas impulsadas nuevamente por Peter Beckhauser, en coordinación con el activista Rafael Hurtado, de Montero.
La presentación de estas demandas en las últimas horas ha generado molestia y preocupación en el TSE. “Lo peor de todo es que estas acciones llegan justo al filo del cierre del periodo de inscripción. Da la impresión de que se está judicializando el proceso electoral, con una clara intención política”, denunció el vocal Quispe.
“Es una especie de ‘chicana’, una jugada para ganar en mesa, para sacar al contrincante por la vía legal en lugar de enfrentarlo en las urnas”, agregó.
Afectación al calendario electoral
El vocal también explicó que muchas de las demandas tienen como objetivo a los partidos políticos, pero colocan al TSE como “tercero interesado”, obligando a la entidad a participar en audiencias judiciales que desvían la atención del trabajo técnico y logístico que requiere el proceso electoral.
Hasta el momento, nueve de los partidos y alianzas políticas ya han completado sus registros, los cuales están en etapa de revisión para verificar el cumplimiento de todos los requisitos.
No obstante, la Alianza Popular enfrenta una situación particular: su lista fue admitida de manera parcial, debido a que fue notificada con una acción de amparo constitucional presentada en Beni. Hasta que este recurso no sea resuelto por la justicia, el TSE no podrá registrar oficialmente la totalidad de su nómina.
La judicialización del proceso electoral genera un escenario incierto que pone en duda el normal desarrollo del cronograma rumbo a las elecciones. Mientras tanto, el TSE se ve obligado a dividir su atención entre la organización del proceso y la resolución de controversias legales que, según sus autoridades, podrían tener un trasfondo político.