La Resolución Ministerial 0001/2026 establece prohibiciones, lineamientos de enseñanza y criterios de evaluación, prioriza habilidades básicas y regula pensiones, uniformes y actividades escolares en todo el país.
Las unidades educativas de Bolivia abren sus puertas para recibir a estudiantes de todos los niveles, bajo el marco de la Resolución Ministerial 0001/2026, normativa oficial que define las obligaciones, restricciones y lineamientos pedagógicos para la gestión escolar 2026. El documento emitido por el Ministerio de Educación tiene como propósito central garantizar la calidad del proceso educativo, asegurar el cumplimiento de 200 días hábiles de clases y homogeneizar la ejecución del currículo en instituciones fiscales, privadas y de convenio.
El calendario escolar de este año establece el inicio de clases el 2 de febrero y el cierre el 2 de diciembre, mientras que el cierre administrativo será el 11 de diciembre. Asimismo, las vacaciones invernales tendrán una duración de diez días hábiles, cuya programación estará a cargo de las Direcciones Distritales y Departamentales de Educación, considerando factores climáticos y regionales. Estas medidas buscan organizar de manera uniforme el desarrollo pedagógico y asegurar que los estudiantes reciban la formación mínima prevista por la ley educativa vigente.
Uno de los cambios más relevantes es la prohibición absoluta del uso de teléfonos celulares dentro del aula para estudiantes y docentes. Según las autoridades del Ministerio de Educación, esta medida responde a la evidencia de que los dispositivos electrónicos generan distracciones y limitan la atención de los estudiantes, afectando el rendimiento académico. El cumplimiento de esta norma es obligatorio en todas las unidades educativas, sin excepciones, y se considera un mecanismo de control para reforzar la concentración y la disciplina en las aulas.
La normativa también modifica los criterios de evaluación del desarrollo curricular, estableciendo que el componente “Ser” tendrá un valor de 10 puntos, “Saber” 45 puntos, “Hacer” 40 puntos y “Autoevaluación” 5 puntos. Esta ponderación permite evaluar de manera integral los conocimientos, competencias prácticas y actitudes de los estudiantes, alineando la valoración educativa con estándares nacionales de desempeño académico y desarrollo personal.
El refuerzo de la lectura y la escritura a mano es otra de las prioridades de la resolución. Todas las áreas curriculares deberán incorporar actividades que promuevan la comprensión lectora, la fluidez y la producción escrita, utilizando textos impresos y ejercicios manuales. La medida se acompaña de una campaña nacional que busca recuperar estas habilidades esenciales, considerando que la digitalización excesiva había reducido el desarrollo de estas competencias fundamentales.
En relación con las actividades extracurriculares, la normativa especifica que únicamente aquellas incluidas en el Plan Operativo Anual (POA) de la unidad educativa tendrán validez como parte del proceso educativo. Se elimina así cualquier actividad ajena al currículo básico que no cumpla un propósito formativo concreto, incluyendo eventos culturales, deportivos o sociales que no estén formalmente planificados ni aprobados por las autoridades educativas competentes.
El Plan de Desarrollo Curricular docente ha sido revisado y adoptará un nuevo formato que exige planificación detallada de la enseñanza en cada unidad temática. Las estrategias pedagógicas deben ser claras, con objetivos definidos y mecanismos de evaluación alineados con los criterios establecidos por la resolución. Las Direcciones Distritales y Departamentales son responsables de supervisar que esta planificación se cumpla de manera uniforme, asegurando que la instrucción sea coherente y efectiva en todo el territorio nacional.
En lo económico, las pensiones escolares en instituciones privadas permanecerán congeladas hasta marzo, según la decisión de una comisión mixta integrada por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas y la ANDECOP. Este congelamiento inicial busca proteger a las familias frente a incrementos de tarifas mientras se evalúa la situación económica del país y se consideran ajustes salariales. Esta medida se suma a la prohibición de suspender, expulsar o excluir estudiantes de clases o evaluaciones por retrasos en los pagos, asegurando que las dificultades económicas no limiten el acceso a la educación.
La resolución también establece que el uso de uniformes escolares no será obligatorio en ninguna unidad educativa y que las instituciones no podrán exigir su adquisición en lugares exclusivos. Esta disposición responde a la necesidad de reducir la carga financiera para las familias y garantizar que todos los estudiantes puedan asistir a clases sin impedimentos, respetando la equidad y el acceso universal a la educación.
En cuanto a los materiales educativos, no se publicarán nuevos textos oficiales durante esta gestión, debido a los cambios en lineamientos curriculares. Sin embargo, los docentes podrán recomendar recursos adicionales, siempre que no generen costos excesivos para las familias. Esta disposición garantiza que el desarrollo curricular se mantenga actualizado y accesible, evitando que los gastos en materiales se conviertan en un obstáculo para la educación.
Las direcciones de unidades educativas, distritales y departamentales deben asegurar la actualización y armonización de todos los currículos regionalizados, consolidando contenidos y metodologías con criterios claros de evaluación. Esta medida busca uniformidad y coherencia en los procesos educativos, asegurando que los estudiantes, sin importar su ubicación geográfica, reciban la misma calidad formativa dentro de los lineamientos nacionales.
En lo referente a actividades fuera del aula, las excursiones, viajes de servicio social y actividades deportivas requerirán autorización expresa de los padres, del director de la unidad educativa y del director distrital. Los viajes de promoción están prohibidos bajo la responsabilidad de las escuelas, aunque pueden organizarse independientemente por los padres, sin participación institucional ni financiamiento oficial. Estas medidas aseguran la seguridad de los estudiantes y la pertinencia educativa de las actividades.