El Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) alcanzaron un acuerdo respecto a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que establece medidas contra el agio y la especulación. Ambas partes pactaron que su aplicación estará sujeta a una reglamentación previa, disipando preocupaciones en el sector privado.
Luego de la reunión, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, destacó la importancia del diálogo como vía para resolver diferencias y aclaró que la derogación de la disposición no es competencia del Ejecutivo, sino del Legislativo.
“La derogación que solicitan algunos sectores no está en manos del Ejecutivo, sino que debe ser resuelta en la Asamblea Legislativa. Con un decreto no se puede eliminar ni suspender un artículo de una ley”, enfatizó Flores, subrayando que los empresarios comprendieron esta limitación legal.
El Gobierno y la CEPB coincidieron en que la disposición no podrá aplicarse hasta contar con una reglamentación específica, un procedimiento habitual en la implementación de normativas.
“El segundo tema que nos hemos puesto de acuerdo es que mientras no hay una reglamentación no puede ser aplicada esta disposición séptima”, dijo Flores.
Dijo que no hay motivo para generar susceptibilidad.
“No se aplicará esta normativa sin su respectiva reglamentación, como ocurre con cualquier otra ley”, reiteró el ministro.
Finalmente, el Gobierno reafirmó su compromiso de mantener el diálogo con los sectores para explicar los alcances de la norma y garantizar su correcta aplicación.
“Vamos a seguir dialogando con todos los sectores para aclarar cualquier inquietud y evitar malentendidos sobre la normativa”, concluyó Flores.
Vía AEP
