Autoridades confirman reducción sustancial en garantías exigidas para importar vía zona franca y formalizan propuesta para que el 25% de ingresos permanezca en la entidad, respaldada por informe técnico, financiero y legal.
La administración de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija, a la cabeza de Delfina Villafuerte, informaron que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Aduana Nacional acordaron modificar el esquema de boletas de garantía exigidas a los importadores que operan bajo el régimen de zona franca. La decisión fue comunicada tras reuniones sostenidas en La Paz con el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y aguas, Oscar Mario Justiniano y el equipo técnico de la cartera de Estado.
Según datos oficiales proporcionados por la dirección de Zofra Cobija, el monto fijo vigente alcanzaba las 150.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), equivalentes aproximadamente a 75.000 dólares estadounidenses, cifra que restringía el acceso a nuevos operadores comerciales. Registros administrativos internos señalan que solo cuatro personas en el departamento contaban con esa garantía activa, concentrando la operativa de importación bajo ese mecanismo.
El nuevo esquema, acordado en mesa técnica con participación de la Aduana Nacional, elimina el monto único y establece que la boleta se calculará en función del valor de la mercancía y los tributos correspondientes. La modificación requiere adecuación normativa, que actualmente está en trámite administrativo, antes de su aplicación formal.
La directora de Zofra Cobija, Delfina Villafuerte, precisó que la reducción será “significativa” y proporcional a cada operación. El objetivo es ampliar la base de comerciantes habilitados y evitar concentraciones que afecten la competencia en el mercado local. La entidad sostiene que la medida no elimina el control aduanero, sino que ajusta el requisito a criterios de proporcionalidad tributaria.
En paralelo, la administración de la zona franca formalizó una propuesta para modificar la redistribución interna de ingresos vigente desde 2008.
De acuerdo con la estructura actual, el 45% se destina a gastos corrientes, el 30% a inversión y el 25% se transfiere al Tesoro General de la Nación.
El planteamiento elevado al Ministerio solicita que ese 25% permanezca en Zofra Cobija. El argumento central expuesto en el informe técnico-financiero indica que, para la entidad descentralizada, ese porcentaje representa un monto relevante para ampliar proyectos y fortalecer su operatividad; mientras que, en términos del presupuesto nacional, el impacto sería marginal.
La documentación enviada incluye respaldo técnico, proyección de ingresos, análisis legal del régimen especial de zona franca y detalle del destino previsto de los recursos. Entre las prioridades figura la construcción de un parque industrial, considerado eje estratégico para diversificar actividades productivas en el norte amazónico.
Autoridades ministeriales confirmaron la recepción del proyecto y su revisión conforme a procedimiento administrativo regular. No se anunciaron plazos públicos para una resolución definitiva, aunque la dirección de Zofra indicó que el expediente ingresará formalmente esta semana para su evaluación.
Zofra Cobija opera bajo régimen especial con autosostenibilidad financiera, generando sus propios recursos sin transferencias presupuestarias directas del nivel central. Sus ingresos provienen de servicios, arrendamientos y operaciones vinculadas al comercio exterior en la frontera.
La flexibilización de las garantías y la solicitud de retención del 25% forman parte de una misma línea de gestión: ampliar la participación comercial y reforzar capacidad institucional. Ambas iniciativas fueron abordadas en reuniones formales con actas y compromisos técnicos, según documentación proporcionada por la entidad.
La implementación efectiva dependerá de la emisión de normativa específica y de la aprobación ministerial correspondiente. Mientras tanto, la administración de la zona franca mantiene coordinación directa con la Aduana y el Ministerio para concluir el proceso regulatorio.
