Roger Mariaca rechazó que las actuaciones fiscales respondan a una operación contra el Gobierno y defendió las diligencias abiertas tras el ataque sufrido por Nadia Beller.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, negó que las investigaciones relacionadas con Fernando Cerimedo formen parte de un supuesto “golpe de Estado” o de una estrategia para desestabilizar al Gobierno de Rodrigo Paz.
La declaración surgió después de que la defensa del ciudadano argentino atribuyera una motivación política a las actuaciones del Ministerio Público. Mariaca rechazó esa interpretación y señaló que las acusaciones no están acompañadas por pruebas.
CUATRO PROCESOS EN DISTINTAS INVESTIGACIONES
El caso principal está relacionado con el ataque armado sufrido por la abogada Nadia Beller el 17 de agosto en Santa Cruz. La Fiscalía investiga el hecho como tentativa de feminicidio y Cerimedo permanece con detención preventiva en el penal de Palmasola.
Dentro de esa causa, el Ministerio Público emitió tres nuevas órdenes de aprehensión contra ciudadanos extranjeros. Los mandamientos ya fueron entregados a la Policía Boliviana para su ejecución.
Mariaca también informó sobre la declaración de un teniente coronel de la Policía que reconoció haber mantenido contacto con Cerimedo. El oficial fue convocado como parte de las diligencias y negó haber participado en el ataque contra Beller.
A la investigación por tentativa de feminicidio se suman otros tres procesos. Uno está relacionado con un presunto enriquecimiento ilícito; otro corresponde a una denuncia por violencia familiar o doméstica y el cuarto fue abierto en Beni por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y confabulación.
El fiscal general sostuvo que las investigaciones tienen origen en declaraciones, informes y otros elementos incorporados a los respectivos procesos. También remarcó que las actuaciones deben desarrollarse conforme al Código de Procedimiento Penal y las garantías establecidas por la normativa vigente.
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La Asamblea de la Cruceñidad dio plazo al Gobierno hasta esa fecha para atender reclamos sobre combustibles, recursos, competencias regionales y denuncias de corrupción. La dirigencia cívica de Santa Cruz fijó el 10 de octubre, Día de la Democracia, como fecha límite...



