La CEPB avala el retiro de subvenciones a combustibles para reducir déficit fiscal, pero advierte que el aumento del salario mínimo genera fuertes presiones sobre mipymes y empleo formal.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un pronunciamiento oficial sobre las medidas económicas del presidente Rodrigo Paz contenidas en el Decreto Supremo 5503, medidas que ya se perciben con efectos directos en todo el territorio nacional. La entidad adoptó una postura clara: respaldo a la eliminación de la subvención a los combustibles, pero rechazo al incremento del salario mínimo nacional.

En el comunicado, la CEPB indicó que el levantamiento de la subvención a los carburantes responde a la necesidad de reducir el déficit fiscal, ordenar las finanzas públicas y combatir el contrabando, que afecta de manera directa la economía del país. La Confederación reconoció que el ajuste de precios generará impactos complejos en la actividad económica, pero enfatizó que se trata de una medida urgente y necesaria para enfrentar la crisis económica.

El pronunciamiento empresarial también valoró otras disposiciones incluidas en el Decreto Supremo 5503, considerándolas como una base inicial para la reactivación y recuperación económica. No obstante, destacó que estas decisiones requieren complementarse con acciones normativas y administrativas adicionales, que eliminen barreras al funcionamiento de los sectores productivos y garanticen resultados sostenibles a mediano plazo.

En contraste con el apoyo al gasolinazo, la CEPB expresó preocupación por el incremento del salario mínimo nacional, fijado en 3.300 bolivianos, un aumento del 20% decretado de manera unilateral. La Confederación advirtió que esta medida afectará gravemente a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de poner en riesgo la generación y sostenibilidad del empleo formal en el país.

El comunicado instó a los actores sociales y organizaciones representativas a actuar con prudencia y responsabilidad, evitando que la crisis económica se profundice por decisiones apresuradas. La CEPB subrayó que las medidas estructurales son indispensables, pero deben aplicarse de manera equilibrada para no sobrecargar a los sectores productivos ni comprometer la estabilidad económica.

La Confederación también recordó que la crisis económica tiene responsables identificables y que la impunidad no puede prevalecer. En este sentido, solicitó que las instituciones públicas aceleren las acciones legales correspondientes y que todas las decisiones del Estado se ajusten al marco legal vigente.

Finalmente, la CEPB enfatizó que los costos de la crisis no deben recaer únicamente sobre la ciudadanía. Señaló que el sector político y los funcionarios públicos deben dar señales claras de responsabilidad, prudencia y capacidad de gestión, en un escenario donde las medidas del Ejecutivo ya se sienten con fuerza en hogares, mercados y empresas de todo el país.